Profesionales deberán pagar en agosto tributo adicional al Fondo de Solidaridad

Unos 35 mil profesionales, egresados de la Universidad de la República y del sector técnico terciario, tienen que abonar antes del 31 agosto el impuesto de dos salarios mínimos ($ 2.200), aprobado en el Presupuesto Nacional como adicional al tributo anual para el Fondo de Solidaridad de becas estudiantiles.

Sólo los profesionales que ocupan cargos docentes en la Universidad y unos dos mil titulados que anualmente piden ser exonerados con el argumento de que no están ejerciendo su profesión quedarían exceptuados del nuevo impuesto. Entre los que en el año 2000 pidieron para no aportar al Fondo de Solidaridad figuran legisladores, embajadores y funcionarios con cargos de confianza, según un listado al que accedió LA REPUBLICA.

El adicional, que ha sido resistido por las gremiales profesionales, fue reglamentado por el Poder Ejecutivo con fecha 5 de julio, aunque la resolución prevé la ya impracticable facilidad de pagar el tributo «en cuatro cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir del mes de mayo».

El acuerdo del presidente Jorge Batlle con los ministros de Economía, Alberto Bensión, y de Cultura, Antonio Mercader, explica que lo recaudado (estimado extraoficialmente en unos 7 millones de dólares) deberá ser depositado por los organismos recaudadores «al mes siguiente de su percepción» en la comisión administradora del Fondo de Solidaridad, que tiene luego que volcar el dinero a obras de la Universidad de la República.

Los profesionales que no paguen el tributo no recibirán un certificado sin el cual quedarán imposibilitados de «realizar trámites oficiales, percibir sueldos o remuneraciones de especies alguna».

Un impuesto polémico

El impuesto adicional fue creado a través del artículo 542 de la última Ley Presupuestal y recibió de inmediato la oposición de la Agrupación Universitaria del Uruguay, que, en diciembre pasado, resolvió «rechazar la política impositiva del Estado que grava a los profesionales, configurando una flagrante injusticia tributaria».

Agregó que se sentían «una vez más agraviados por las políticas impositivas del Estado, que impone una nueva carga, la cual no estamos en condiciones de asumir, dada la situación actual de falta de trabajo por la que atraviesa el colectivo profesional».

La polémica ya se había generado en 1994, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, cuando se aprobó la Ley N° 16.524, que creó el Fondo de Solidaridad para financiar las becas de estudiantes universitarios, a través del aporte de los egresados en actividad con título expedido o revalidado por la Universidad de la República.

Una de las críticas que generó entonces el tributo fue la exoneración prevista en el artículo 4º, por el cual podían ser exceptuados del pago los profesionales que acreditasen, mediante declaración jurada, que no percibían «ningún tipo de ingresos derivados de su condición» de profesionales o técnicos del nivel terciario.

El primero en pedir su exoneración a la Comisión Administradora del Fondo fue entonces el propio Presidente de la República.

Una ley, varios debates

Otra crítica que se hacía a la Ley señalaba que para algunos profesionales dependientes de salarios en la Administración Pública el impuesto era una carga equivalente a sus medios aguinaldos, mientras que otros, en el ejercicio liberal de su profesión, terminaban pagando un tributo insignificante en relación a sus ingresos.

En setiembre de 1999 la Cámara de Diputados llegó a aprobar una serie de modificaciones a la Ley N° 16.524, pero el proyecto con media sanción no fue tratado por el Senado durante el resto de la Legislatura y la propuesta no prosperó.

En la ocasión, la Cámara baja había aprobado que el Fondo de Solidaridad también contase con el aporte de los egresados de las universidades privadas, establecía un sistema de aportes diferenciados según el tipo de ingresos de los profesionales y, finalmente, derogaba el polémico artículo 4°, que permitía las excepciones al aporte.

La Ley N° 16.524 volvió al debate parlamentario durante el último Presupuesto Nacional, cuando se buscaban fondos complementarios en favor de la Universidad de la República y, en particular, para la remodelación de la ex cárcel de Miguelete, donde se construirían residencias estudiantiles.

El senador nacionalista Jorge Larrañaga fue quien, en la sesión del 20 de noviembre de 2000, informó sobre sus gestiones para destinar recursos excedentes del Fondo de Solidaridad hacia el proyecto de renovación de la vieja prisión.

La idea se constituyó en el artículo 296 del Presupuesto, que modifica el artículo 5° de la ley original.

Los que pagan y los que no

Sólo semanas más tarde, en la sesión del 5 de diciembre, se discutiría la creación del impuesto adicional, a través del artículo 542. Se impuso allí que el 35% de lo recaudado se destine a proyectos institucionales en el Interior, un 25% para mejoras de bibliotecas, formación docente y publicaciones, y un 40% para infraestructura edilicia en la enseñanza.

El senador blanco Francisco Gallinal impulsó el aditivo por el que se exceptúa del pago del adicional a los egresados «que ocupan cargos docentes en la Universidad de la República».

La propuesta generó la reacción del colorado Ruben Correa Freitas, quien dejó constancia de que no votaría ese inciso ya que es profesor de la Facultad de Derecho. «No puedo votarme a mí mismo una exoneración o una excepción al pago de un tributo», dijo.

El colorado Alejandro Atchugarry opinó que el adicional debía guiarse por las mismas excepciones que la ley original, y el frenteamplista Danilo Astori recordó que quienes no están en el ejercicio liberal no pagan el impuesto original, dejando implícito que tampoco deberán abonar el tributo adicional.

Aprobada la norma, Astori aclaró, en alusión a lo dicho por Correa Freitas, que votó el adicional porque no ejerce profesión liberal alguna y no se estaba «exceptuando de nada al votar».

Sin embargo, al menos dos de los legisladores presentes en sala ese día pidieron ser exceptuados del aporte al Fondo de Solidaridad del año 2000, según el listado –obtenido por LA REPUBLICA–, donde figuran 786 profesionales, entre los que también se incluye a ex parlamentarios, embajadores y funcionarios de confianza de la administración pública.

Problemas de contralor

La aprobación del impuesto adicional generó una serie de problemas extras a la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad, a quien nadie consultó a la hora de aprobar las modificaciones de la ley, en las que se otorga un aporte extra para sus gastos de administración y funcionamiento.

La Caja Notarial es la que mayores facilidades de cobro del impuesto presenta, ya que los escribanos están permanentemente censados. La Caja Profesional, en cambio, no tiene actualizada su lista de profesionales y tiene problemas de control.

Pero es el grupo de egresados del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional, que debe aportar en el Banco de la República, donde existe el mayor nivel de morosidad.

Fuentes vinculadas a la Comisión Administradora dijeron a LA REPUBLICA que en muchos casos estos titulados universitarios ni siquiera saben que debían pagar el Fondo de Solidaridad y, mucho menos, que también tiene que pagar ahora el tributo adicional.

Dos subcomisiones se dedican a analizar, respectivamente, a qué solicitantes se otorgan las 3.700 becas anuales y a qué profesionales se les exonera del aporte, aunque se estima que son unos 2.000 titulados los que no pagan por ser jubilados, habe
rse radicado en el exterior o ampararse a la exoneración.

En materia de excepciones, se indicó que se mantiene un concepto rígido, y en más de una ocasión se ha obligado a pagar el impuesto a personas que no ejercen en forma liberal pero han obtenido cargos o trabajos por su condición de titulados.

Así ha ocurrido, por ejemplo, con magistrados que pidieron no pagar el tributo. *