Aún no llegan exhortos judiciales remitidos desde la Argentina

En un caso, las dos rogatorias remitidas por el juez federal argentino Rodolfo Canicoba, aún no fueron recepcionadas ni por la Cancillería ni el Ministerio del Interior uruguayos, confirmaron ayer fuentes oficiales.

El magistrado, a instancias del fiscal Miguel Angel Osorio, requirió el pasado 21 de junio, por un lado, la detención preventiva con fines de extradición de los militares retirados José Gavazzo, Jorge Silveira y Manuel Cordero y del ex comisario Hugo Campos Hermida, y por el otro, la captura internacional a través de Interpol, para evitar la evasión de los imputados.

Hasta el viernes, el pedido policial (vía Interpol) aún no había sido recibido en la sede de la Policía Federal argentina. Una vez en poder de este organismo, debería remitirse a la oficina de Interpol Argentina y de ahí, a su par de Uruguay.

Una alta fuente del Ministerio del Interior de Uruguay confió ayer que una vez recibido el exhorto, será elevado al Poder Ejecutivo para su estudio. La decisión del fiscal argentino ya produjo dispares reacciones en nuestro país. Tanto el presidente Jorge Batlle, como el ministro de Defensa Luis Brezzo, opinaron que los delitos investigados están amparados por la ley de caducidad. Del mismo modo opinó el presidente del Directorio del Partido Nacional Luis Alberto Lacalle. En filas de la oposición, el Frente Amplio acusó al gobierno de pretender «transnacionalizar» la ley de caducidad y «preservar la impunidad». El sábado, en un plenario, la coalición de izquierda reclamó al Poder Ejecutivo dar curso a los reclamos de la Justicia argentina. El pedido desde Argentina también fue analizado por la Comisión para la Paz y por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

La Comisión, creada por Batlle, reflejó en una conversación interna entre sus miembros diferentes posturas sobre los efectos que produciría en la búsqueda en nuestro país de información sobre el paradero de los desaparecidos. El integrante Gonzalo Fernández opinó públicamente que el pedido de la Justicia dificulta el proceso iniciado por la Comisión.

Pedido del juez Urso

Por otra parte, aún no ha llegado a la Justicia Penal uruguaya el petitorio que el juez argentino Jorge Urso envió, solicitando el levantamiento del secreto bancario de tres sociedades anónimas de nuestro país a las que se vincula con la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, causa por la que se procedió al arresto domiciliario del ex presidente argentino Carlos Menem.

Fuentes judiciales del vecino país informaron a LA REPUBLICA que el juez argentino Jorge Urso dispuso el envío de un nuevo petitorio a la Justicia uruguaya solicitando el levantamiento del secreto bancario sobre tres sociedades anónimas financieras de inversión (SAFI).

En tanto, fuentes judiciales locales expresaron que dicho petitorio no llegó al juez Sergio Torres y a la fiscal Olga Carballo, quienes negaron el anterior pedido de Urso, en el entendido que su par argentino «no fundamentó las razones para adoptar la medida, como lo exigen las normas vigentes».

Igualmente, el segundo pedido también puede llegar al magistrado que esté de turno, aunque en general se remite al mismo juez que atendió el primer pedido –en esa ocasión Sergio Torres–puesto que ello en general agiliza los trámites por el conocimiento previo que el magistrado ya tiene del tema.

La solicitud de levantamiento del secreto bancario que mandó el magistrado argentino sería sobre las firmas Daforel SA, Hayton Trade SA y Elthan Trading Co. Urso ya había realizado un exhorto en marzo del pasado año, pidiendo el levantamiento del secreto bancario de las tres SAFI uruguayas, el que fue rechazado por el juez en lo penal de 3er Turno Sergio Torres, y por la fiscal en lo penal de 3er Turno Olga Carballo, quienes según fuentes consultadas por este medio coincidieron en que era imposible hacer lugar al levantamiento del secreto bancario ante un exhorto con las características del enviado por Urso, marcando ambos la carencia de fundamentos y de precisiones del pedido enviado desde Argentina, por lo que se debe aportar prueba suficiente para habilitar el levantamiento del secreto bancario.

Creación y venta de las SAFI

Como informara LA REPUBLICA, de cumplir con los requisitos necesarios –como no sucedió en la anterior ocasión– la Justicia uruguaya procedería a recabar y enviar la información requerida a la Justicia de la vecina orilla. *