Cuatro jueces amenazados

E l Ministerio del Interior resolvió reforzar la seguridad personal de algunos magistrados que han sido amenazados. A mediados de octubre, obtuvo luz verde del Tribunal de Cuentas para adquirir cuatro vehículos blindados destinados a la custodia de los jueces del crimen organizado y también fiscales, y para aquellas personas que se encuentren bajo protección por combate al narcotráfico y lavado de activos.

Son unidades marca Toyota, modelo RAV4, con blindaje tipo 3ª, motor nafta de 2400 cc y otras características que lo transforman en un traslado seguro y a prueba de atentados. Fueron adquiridas por U$S 203.656.

La resolución que autorizó la compra señala que «la crecente peligrosidad en que se encuentran las personas a ser protegidas, hacen necesario el acceso y la adquisición de los blindados de uso personal, justifican las condiciones de la compra». Y agrega que «mantener estos criterios de seguridad permitiría a dicha Secretaría mantener una situación de ventaja frente a las previsibles reacciones del crimen organizado».

El tema de la seguridad para los jueces se transformó ayer en objeto de análisis a partir de los dichos de la ex jueza Anabella Damasco, quien el miércoles alegó que estaba siendo «amenazada» y «coaccionada» al momento de cometer los ilícitos que le imputó el juez en crimen organizado Jorge Díaz, según publicó ayer el semanario Búsqueda. Ayer, consultado por la prensa, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi reconoció estar al tanto de la situación. «Tengo constancia de que hay más de un juez amenazado. Quiénes, no voy a decir, pero hay más de uno», aseguró. Según supo LA REPÚBLICA, se trataría de los dos jueces Especializados en Crimen Organizado doctores Jorge Díaz y Graciela Gatti y de otros dos jueces penales, cuyos nombres no trascendieron.

Desde la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), su flamante presidente Carlos García ­quien reemplazó a la renunciante Damasco­ reclamó al ministro del Interior que si tiene conocimiento de jueces amenazados, la institución quiere conocer quiénes son.

«Si es cierto, es de interés de la institución conocer los casos», afirmó. Tanto Bonomi como la Asociación de Magistrados coincidieron en destacar el accionar de la Justicia uruguaya, por ser ella misma la que actuó en el caso.

Fuentes judiciales confirmaron la existencia de amenazas pero señalaron que «lo ideal es bajarle el perfil».