Escándalo: ministra Damasco a prisión por 7 delitos de peculado

El juez especializado en Crimen Organizado de 2º Turno Jorge Díaz, dispuso ayer el procesamiento con prisión de la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 1er. Turno, Anabella Damasco, por apropiarse en forma ilícita de más de U$S 55.000 incautados en tres procedimientos judiciales.

El magistrado dispuso el enjuiciamiento con prisión de Damasco como autora de «siete delitos de peculado en reiteración real», en atención a las maniobras ilícitas efectuadas entre 2003 y 2007, por las cuales se apropió de más de U$S 55.000 que estaban a disposición del Juzgado Penal de 14º Turno.

«La indagada, en siete oportunidades, precedida de diferente resolución criminal, se apoderó de dinero en efectivo incautado en diferentes expedientes en los que intervino como magistrada. En tres oportunidades recibió dinero de la autoridad administrativa en mano propia y no lo depositó en el BROU bajo el rubro de autos y a la orden de la Sede, ni en el cofre de seguridad del Juzgado. Y en cuatro oportunidades libró oficios al BROU para que la mencionada institución financiera le entregara dinero que se encontraba allí depositado, a la orden de la Sede y bajo el rubro de autos», expresa el fallo del juez Díaz, al cual accedió LA REPÚBLICA.

«Para mí y para la institución que integro es un día difícil», admitió Díaz, durante una conferencia de prensa en la que brindó detalles de las maniobras (ver nota aparte). Damasco presentó ayer renuncia a su cargo en el Poder Judicial y a la Presidencia de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU).

 

Tres expedientes

La denuncia ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado fue elevada por la hoy jueza penal de 14º Turno, Adriana de los Santos, tras constatar la existencia de posibles ilícitos en el manejo del dinero incautado, en un caso tramitado en su Sede durante la gestión de Damasco.

La magistrada constató, tras el desarrollo de una investigación administrativa, el faltante de dinero en un caso a disposición de la Sede, y elevó los antecedentes ante el juez especializado en Crimen Organizado Jorge Díaz, quien comprobó la existencia de otras maniobras ilícitas (ver infografía).

El dinero incautado durante los procedimientos es entregado a la Justicia y depositado bajo «rubro de autos», en cuentas bancarias del Banco República (BROU), a disposición del titular de la Sede. Los jueces son las únicas personas con potestades para dilucidar el futuro del dinero, tanto en caso del decomiso definitivo o su devolución a los propietarios.

En este sentido, Damasco instruyó en diciembre de 2003 un procedimiento por un caso de proxenetismo, tras lo cual las autoridades policiales entregaron en sus manos el dinero incautado. Sin embargo, el dinero nunca fue depositado en el BROU y cuando la procesada reclamó su devolución, la misma no pudo concretarse. El reclamo fue el disparador de la investigación de la jueza De los Santos.

Otras operativas ilícitas están circunscriptas a la tramitación de un expediente iniciado sobre fines de diciembre de 2003 por un delito continuado de aborto. La magistrada depósito en una cuenta del BROU U$S 1.550 menos de los incautados en los procedimientos. Asimismo, Damasco extrajo, entre junio y setiembre de 2006, mediante tres «oficios falsos», U$S 8.044 de la cuenta bancaria. Las extracciones fueron efectuadas de la sucursal Zabala del BROU en persona. Por último, la tercera acción ilícita consistió en el retiro de U$S 25.047 de la cuenta Nº 152 026838-3 abierta por su Sede en setiembre de 2006, tras el desarrollo de la «Operación Campanita». El retiro se efectuó en junio de 2007. Asimismo, la ex jueza Damasco no pudo justificar el faltante de 10.000 euros de los 117.070 que fueron depositados en su cuenta personal tras dicho operativo.

En este sentido, «desde que la indagada no ha podido justificar el destino final (del dinero) el aprovechamiento en su propio beneficio es una conclusión necesaria». «Además de que no ha podido justificar debidamente el destino del dinero, no parece lógico ni razonable que un magistrado de la trayectoria de la indicada libre una orden de pago sin que nadie se lo solicite en el mismo, sin dictar ninguna providencia que lo ordene, a su nombre, sin dejar constancia en autos y luego se traslade hasta el BROU y lo cobre», expresa el fallo.