Defensa del oviedista Pappalardo alegó caso de persecución política

«El pedido de captura y extradición de Pappalardo consta en el mismo exhorto que el de José Segovia –ex ministro de Defensa–, tiene los mismos fundamentos y evidentemente se trata de un caso de persecución política», dijo a LA REPUBLICA el abogado Manuel Cardoso de los Santos, designado ayer para ejercer la defensa del político paraguayo ante los tribunales uruguayos. «Es evidente que el gobierno uruguayo otorgó el asilo a Segovia porque sabe que existen móviles políticos detrás de su extradición; lo mismo ocurre con Pappalardo», añadió el letrado.

Ayer Pappalardo permaneció entre las 8 y las 17 horas en el Centro de Instrucción Criminal (CIC), donde la jueza de turno Anabella Damasco lo interrogó en presencia de su defensa.

La audiencia sirvió para que la Justicia tomara conocimiento del procedimiento policial y se practicaran las preguntas de rutina cuando comienza un proceso de extradición, entre ellas si la persona requerida desea volver voluntariamente a su país.

A esa pregunta Pappalardo respondió con un rotundo no, fundamentando que él era un perseguido político por pertenecer al sector del general Lino Oviedo, contrario a las actuales autoridades paraguayas, que sustituyeron al renunciante presidente Cubas.

El caso, empero, será derivado ahora al Juzgado de 11º Turno, a cargo de Roberto Timbal, donde originariamente había ingresado el pedido de captura y de extradición. El procedimiento de extradición se tramitará en virtud de lo que establece el Tratado de Extradición que Uruguay, Paraguay y otros países de América del Sur firmaron en 1889. Ese tratado prevé expresamente que el país requerido puede negar el pedido de extradición cuando los delitos sean políticos o conexos con los políticos.

Asociación criminal

La Justicia paraguaya solicitó la extradición de Pappalardo para enjuiciarlo por los delitos de «lesión de confianza y asociación criminal». La lesión de confianza es un delito que castiga la apropiación indebida de bienes del Estado.

El abogado de Pappalardo indicó a LA REPUBLICA que tiene elementos para probar que los cargos fueron fraguados para consumar un caso de persecución política.

Cardoso agregó que en los próximos días estudiará si su defendido aún tiene posibilidades de solicitar el asilo al gobierno uruguayo.

Ante la jueza, el letrado recordó la Resolución 297/99 del Poder Ejecutivo uruguayo, que otorgó el asilo político al ex ministro paraguayo Segovia, acusado de cometer los mismos delitos que Pappalardo. La resolución de asilo se fundamentó en la Convención de Asilo Territorial firmada por Uruguay.

El caso de Pappalardo de todos modos sólo comienza y posiblemente su resolución demande meses. Cardoso indicó que agotará todas las vías procesales para evitar la extradición de su defendido y recordó que en su nueva integración la Suprema Corte admite la posibilidad de llevar a casación los casos de extradición.

Víctor Conrado Pappalardo fue detenido el jueves 2 de marzo en un hotel de la ciudad de Treinta y Tres que lleva el mismo nombre que la capital olimareña. El procedimiento fue realizado por la Policía de ese departamento mientras practicaba un control de rutina sobre la población flotante en los hoteles del departamento.

Desafío

La detención en Uruguay del ex secretario general del Ministerio de Defensa paraguayo Víctor Conrado Pappalardo, y el inmediato inicio del proceso de extradición por parte de Paraguay, colocan por delante del nuevo gobierno el primer desafío en materia de política internacional.

El hecho transcurre en momentos en que las relaciones bilaterales tienden a normalizarse: la diplomacia guaraní dio por concluido el diferendo originado en 1999, y se dispone a designar un nuevo jefe de misión en nuestro país. Y Uruguay, a actuar en consecuencia y definir lo más pronto posible el retorno de su embajador a Asunción.

El estallido de la crisis bilateral tuvo lugar a partir de la decisión de Uruguay de conceder el asilo al ex ministro de Defensa José Segovia Boltes, superior jerárquico de Pappalardo y acusado de los mismos delitos.