Sede penal recibió denuncia de familiares de los ocho mártires

Presentan nuevas pruebas por asesinato de comunistas en 1972

Concurrieron ayer al Juzgado de la calle Misiones integrantes de la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos, entre los que se encuentran familiares de los 8 militantes comunistas asesinados por efectivos militares y policiales el 17 de abril de 1972; lo hicieron acompañados de los abogado Gustavo Puig, Walter De León y Eve Martínez, quienes presentaron ante el Juzgado de 10º Turno el escrito reclamando la reapertura del caso y de las respectivas investigaciones judiciales. Según informaron fuentes a LA REPUBLICA, en el escrito se aportan datos y pruebas «de peso», más allá del cuantioso material de la época.

Para los familiares y abogados que presentaron el escrito, los homicidos de Luis Alberto Mendiola, José Ramón Abreu, Raúl Gancio Mora, José Sena, Ruben Claudio López, Elman Milton Fernández, Ricardo González y Héctor Cervelli no están comprendidos en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, ya que los hechos acontecieron tiempo antes del golpe de Estado de 1973.

En lo que refiere a la prescripción del crimen –la que se da a los 20 años de haberse cometido–, la misma es más que discutible, ya que si bien pasaron más de 20 años hay que tener en cuenta los 12 años de dictadura donde no existían las garantías legales como para denunciar e investigar este tipo de casos. De descontarse los años de dictadura, todavía se estaría dentro del período de 20 años en que se pueden realizar acciones judiciales.

«Nunca se investigó»

Tras presentarse el escrito, Mirta González –viuda de Ricardo González, uno de los ocho asesinados en la Seccional 20 del PCU en el Paso Molino– y Lille Caruso, interrogadas sobre las características del material que han presentado en esta instancia judicial expresaron a LA REPUBLICA: «Hace mucho tiempo que esperábamos el momento de poder concretar la denuncia, por lo menos para que pueda intervenir la Justicia, que es lo único a que aspiramos, que la Justicia investigue y que se pueda llegar a alguna conclusión. Pero a partir de ahora lo único que tenemos que hacer es esperar las resoluciones, porque una vez ingresada la causa tenemos que ser respetuosos de todo lo que se aporte al expediente y sobre todo de las resoluciones de la Justicia.

O sea, que se abre un compás de espera, porque pasamos a depender de las resoluciones que se tomen».

Consultadas respecto a en qué se basan para pedir la reapertura del expediente, comentaron: «En primer lugar que nunca se investigó y en segundo que está fuera de la Ley de Caducidad, fue en el año 72″.

Respecto a la prescripción de los asesinatos al trancurrir más de 20 años de los hechos, González y Caruso prefirieron no opinar, indicando que en la conferencia que brindarán hoy a las 19.30 horas en el Paraninfo de la Universidad hablarán de ese tema, además de hacer una presentación públicia de las actividades y objetivos de la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos.

Versiones diferentes

Además de los militantes comunistas, en el incidente murió el capitán del Ejército Wilfredo Busconi. Según las Fuerzas Armadas fue alcanzado por una bala disparada desde el local del PCU, pero sin embargo testigos presenciales afirmaron que los asesinados estaban desarmados y que Busconi cayó alcanzado por una bala en medio del intenso tiroteo desatado por efectivos militares y policiales.

La versión oficial que las Fuerzas Armadas dieron del asesinato de los ocho militantes comunistas en el Paso Molino, contenida en el Comunicado Nº 77, asegura que los efectivos militares ubicados en la zona fueron atacados desde el interior del local de la Seccional 20, debido a lo que «se conminó por medio de megáfonos a los ocupantes de la finca a salir y entregarse».

Añade que «uno de los integrantes del grupo ocupante que se entregaba, disparó un arma que llevaba oculta entre sus ropas contra uno de los oficiales de las fuerzas conjuntas, hiriéndolo gravemente en la cabeza. El tiroteo originado al ser repelido el fuego determinó que siete de ellos resultaron muertos».

Los entonces senadores Juan Pablo Terra y Amílcar Vasconcellos y los diputados Rodney Arismendi y Jaime Pérez presentaron en su momento un informe al Parlamento discrepante de la versión castrense. Terra dijo que «los vecinos vieron salir a los comunistas pacíficamente con las manos en la nuca». Los vecinos dijeron recordar «el tabletear de las ametralladoras» y que «los efectivos militares hacían fuego desde los cuatro puntos cardinales contra el local de PCU. Llegó a haber puestos de tiro que se cruzaban y hasta se enfrentaban entre sí».

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