Consulta jurídica por el costo de las chapas

El edil César García aseguró que reunirá las firmas de los ediles de la oposición para realizar una consulta jurídica al Tribunal de Cuentas por el costo de las nuevas matrículas. El curul manifestó su insatisfacción ante la negativa del director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo (IMM), Alfredo Asti, a dar una respuesta concreta a la Comisión de Hacienda respecto al costo específico de chapas y libretas.

Asti concurrió a la Comisión por pedido de García, quien considera que los 700 pesos que se cobra a los contribuyentes por el cambio de matrículas son «un precio excesivo». El curul dijo que «las chapas costaron 170 pesos, el traslado por correo 19 pesos, el carné no supera los seis pesos y los gastos administrativos no pueden transformarse jamás en el ciento por ciento de estos insumos».

El director municipal, por su parte, no brindó cifras concretas y se limitó a aclarar que el cálculo de los 700 pesos por contribuyente «cubre el monto global de inversión para el Sistema de Identificación Vehicular».

García dijo a LA REPUBLICA que durante la sesión de la Comisión de Hacienda «señalé a Asti que con su actitud estaba violando el principio constitucional de que los ediles son quienes tienen la facultad de contralor de la IMM. Mientras él es un funcionario contratado, puesto a dedo, los ediles somos votados por el pueblo y al pueblo representamos, por lo que negarnos esa información no es ni más ni menos que cercenar la información a la gente que está pagando sin saber para qué lo hace».

La IMM prevé recaudar diez millones de dólares por el cambio de chapas lo que, según Asti, «equivale al costo actual del sistema y al cambio de matrículas». Desde su punto de vista, «limitar el análisis al costo de las chapas es como identificar el costo del servicio de alumbrado con la columna y el artefacto que están al frente de nuestra casa. Hay un andamiaje necesario para sostener el servicio». Señaló que el valor que se cobra en Montevideo es inferior al que sostienen varias intendencias del Interior, donde además de la chapa se cobran formularios, estampillas, costos de emisión, registro y otros items.