Los antecedentes

La polémica sobre los contratos de obra en el ámbito de la Presidencia de la República no es nueva. En el mes de julio de 2000 el asunto tomó estado público mediante las publicaciones realizadas por la revista Latitud 30-35 y el diario LA REPUBLICA.

Mientras la revista denunciaba en su edición del jueves 27 de julio la existencia de 1.664 contratos de obra, muchos de ellos usufructuados por familiares de notorios dirigentes políticos, al día siguiente este medio informaba sobre la indignación que el tema había causado en el Encuentro Progresista-Frente Amplio y el llamado a responsabilidad política del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Días después, la cifra de contrataciones aumentaba a 1.675 y aparecía la lista completa de nombres, programas y sueldos admitida por la OPP en una separata especial de LA REPUBLICA, publicada el domingo 20 de agosto de 2000.

Versiones periodísticas atribuyeron al presidente Jorge Batlle la intención de deslindarse del escándalo político provocado, lo que habría motivado la reducción a la mitad de estos acuerdos laborales.

En el mes de noviembre, también se conoció la existencia de más de cuatrocientos contratos de obra en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), motivando sendos pedidos de informes del diputado de la Alianza Progresista, Víctor Rossi.