La Comisión para la Paz tendría que tener "capacidad coercitiva"

A diferencia de los conceptos críticos hacia la administración encabezada por Julio María Sanguinetti, el informe 2001 de Amnistía Internacional en la Sección Uruguay, establece que «se tomaron medidas para esclarecer la suerte corrida por las personas ‘desaparecidas’ durante los gobiernos militares entre 1973 y 1985″, destacando la creación de la Comisión para la Paz. Por otra parte, se mencionó en forma especial la actuación de la Justicia, por el cual un tribunal civil resolvió que la madre de Elena Quinteros tenía derecho a conocer el paradero de su hija y las circunstancias de su «desaparición», así como las eventuales responsabilidades del entonces ministro de Relaciones Exteriores (Juan Carlos Blanco). En tanto, el representante en Uruguay de Amnistía Internacional, Nicolás Guigou, consideró que «por un lado Amnistía considera un paso muy importante la creación de la Comisión para la Paz, también entiende que hay limitantes que tienen que ser vencidas: la Comisión tiene que tener capacidad coercitiva de citar a los violadores de los Derechos Humanos para que puedan dar su testimonio».

 

Ley de Caducidad

En el informe 2001, Amnistía Internacional se expresa que en los años de la dictadura, «unas 34 personas ‘desaparecieron’ en Uruguay y al menos 100 uruguayos ‘desaparecieron’ en Argentina» y miles fueron sometidas a torturas y malos tratos durante el gobierno militar en el país. Destacó la creación de la Comisión para la Paz, aunque planteó que la Ley de Caducidad de 1986 «que otorgaba inmunidad procesal a todos los miembros de la policía y el ejército que hubieran cometido violaciones de derechos humanos por motivos políticos u obedeciendo órdenes antes del 1º de marzo de 1985, continuó impidiendo que se llevara a los responsables ante la Justicia». Como consecuencia de ello, «la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que la Ley de Caducidad viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos». Asimismo, el informe alude a que «en mayo, un tribunal civil resolvió que la madre de Elena Quinteros tenía derecho a conocer el paradero de su hija y las circunstancias de su «desaparición» ocurrida en 1976, y que en noviembre «un tribunal dictaminó que los civiles presuntamente implicados en la ‘desaparición’ de Elena Quinteros, entre los que se encontraba el entonces ministro de Relaciones Exteriores, debían comparecer ante la Justicia, ya que no estaban protegidos por la Ley de Caducidad».

Asimismo, «se determinó la suerte corrida por la nieta de Juan Gelman» y señaló que en 1999 se supo que María Claudia García –nuera del escritor argentino– había dado a luz a su bebé en el Hospital Militar de Montevideo.

En otra parte del informe sobre Uruguay, se expresa que «se recibieron informes de tortura y malos tratos a detenidos por parte de policías y guardias de prisiones». En la conferencia de prensa de ayer en la antesala de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo, se destacó la labor iniciada por la Sección Uruguay de AI en defensa de los derechos de grupos y personas que se identifican con diferentes opciones de diversidad sexual.

Capacidad coercitiva

El representante en Uruguay de Amnistía Internacional, Nicolás Guigou, consideró que «por un lado Amnistía considera un paso muy importante la creación de la Comisión para la Paz, también entiende que hay limitantes que tienen que ser vencidas: la Comisión tiene que tener capacidad coercitiva de citar a los violadores de los Derechos Humanos para que puedan dar su testimonio». Respecto al trabajo realizado, Guigou destacó la creación de la Comisión para la Paz, que «señala una nueva sensibilidad en relación a la temática de los Derechos Humanos en Uruguay de parte del gobierno».

«Para que sea una Comisión para la Paz, una visión más completa es incluir el caso de los asesinados, no sólo de los desaparecidos, y el caso de los torturados, o sea, ampliar el espectro de esa verdad que va a implicar una conceptualización de la Comisión y tener la posibilidad de citar a los responsables para que den su testimonio, de manera que todos los uruguayos sepamos después de quince años de reapertura democrática, qué fue lo que pasó», agregó.

Al ser consultado sobre la vigencia de la Ley de Caducidad y sus consecuencias en este proceso, Guigou indicó que «la perspectiva de AI con respecto a la Ley de Caducidad va por los mismos derroteros de otros organismos intergubernamentales y otras organizaciones internacionales».

«Para nosotros no hay Derechos Humanos uruguayos, los Derechos Humanos son universales, y por lo tanto, aquellas leyes que vehiculicen alguna violación de los Derechos Humanos, están fuera de los parámetros internacionales», estimó Guigou.