Desaparecidos: nuevo consenso; deben aplicarse los convenios internacionales

 

Con un notorio atraso en el horario de las mesas redondas, las dos últimas de las mismas tuvieron cierta mezcla, ya que Héctor Gros Espiell participó de la primera debido a otros compromisos. Gross se refirió a los avances para combatir las desapariciones forzadas como es el caso de la Comisión Interamericana que sigue ese tema. Para el catedrático la desaparición forzada es un delito continuado y permanente que no debe fragmentarse en otros, puesto que es un delito autónomo. Agregó que la Ley de Caducidad no establece la imposibilidad de juicios civiles por responsabilidad en la violación a los derechos humanos, y que esa responsabilidad fue asumida por el Estado en todos los casos. Si se aplicara la Ley de Caducidad por algún juez, marcó que la otra parte interesada podría por ejemplo presentar un recurso de casación y la Suprema Corte debería resolver.

Ante una consulta concreta sobre si un juez frente a un reclamo por los desaparecidos debía guiarse por la Ley de Caducidad o por los convenios internacionales, Gross respondió que no tenía dudas en que «deben aplicarse y respetarse los convenios internacionales».

La doctora Scapucio afirmó que a título personal es removedor analizar el tema de los detenidos desaparecidos desde el sistema penal, indicando como un capítulo vergonzante de la historia uruguaya a la Ley de Caducidad y que la misma no soporta ninguna interpretación de naturaleza jurídica, siendo una ley de claro contenido político. Añadió que de esta ley no se cumplió en la investigación de delitos económicos y fundamentalmente sobre el destino de los detenidos desaparecidos. También comentó, al igual que otros participantes, que la desaparición forzada aún no se ha tipificado en Uruguay, con lo que se está incumpliendo con la convención interamericana sobre el tema.

El doctor Alejandro Garay destacó que a nivel penal se puede obtener información si hay civiles involucrados en los casos, pues sobre ellos no recae la Ley de Caducidad. Se refirió a la sentencia de la magistrada Estela Jubette sobre Elena Quinteros y le dio gran trascendencia, señalando, entre otros elementos de la misma que protege el derecho a la información incluso si la tiene el Estado, obligando a que la brinde, cumpliendo en este caso el artículo 4 de la Ley de Caducidad.

El doctor Dardo Preza expresó que el derecho penal internacional combate los delitos de lesa humanidad, incluso en el orden interno, pero se necesita voluntad política en el plano nacional e internacional para lograr progresos. Para Preza el accionar del juez español Baltasar Garzón en la causa que le siguió a Augusto Pinochet no fue descabellado sino que por el contrario muy meditado y basado en el derecho internacional, marcando la necesidad de que existan más jueces como Garzón en el mundo.

Sobre el final de la actividad y cuando crecía el debate se produjo una discusión entre el diputado Felipe Michelini y el magistrado Dardo Preza. El diputado del Nuevo Espacio se refirió a la dificultad de encarar el tema de los desaparecidos a nivel judicial, lo que motivó la reacción y el reclamo de Preza. Michelini ratificó su planteo.

Entre los integrantes de la última mesa estaba la doctora Jacinta Balbela, quien visto el enorme retraso se retiró antes de hacer uso de la palabra, excusándose por un pequeño malestar. También, entre otros, hicieron uso de la palabra Eduardo Pesce, el doctor Alberto Pérez Pérez y los abogados Diego Camagno y Pablo Chargoña.