Impuesto para viviendas desocupadas

González, de la lista 711, viene trabajando en el tema viviendas del departamento de Montevideo desde que asumió en julio del año pasado. Recordó que en Montevideo existen cincuenta mil viviendas abandonadas y tapiadas, que puestas en el mercado podrían resolver parte de la emergencia.

En diálogo con LA REPUBLICA dijo que las viviendas tapiadas «no sólo perjudican la imagen de la ciudad sino que también disminuyen el valor de los inmuebles vecinos» y son foco de roedores. Señaló que según algunos estudios «hay unas 210 mil personas viviendo en pésimas condiciones en asentamientos, sin ningún tipo de servicios, mientras tenemos 55 mil viviendas con servicios, sin ocupar». Esa cantidad, agregó resolvería la vivienda para todos los habitantes de los asentamientos. El edil recordó que la legislación municipal prevé multas de hasta el 600 por ciento de la Contribución Inmobiliaria para estas viviendas abandonadas, pero en los últimos años no se han realizado juicios por cobro. El edil reconoce que hay diferentes interpretaciones sobre la potestad de las intendencias para crear impuestos. Algunos sostienen que sólo puede crear la Contribución Inmobiliaria. Sin embargo, destacó González, otros juristas como Justino Jiménez de Aréchaga, y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, avalan la posibilidad de establecer un impuesto adicional a la Contribución Inmobiliaria. En ese sentido, el edil propone crear la norma como un impuesto adicional a la Contribución Inmobiliaria. El primer artículo del proyecto establece: «Créase un adicional departamental a la Contribución Inmobiliaria que gravará a las viviendas, edificios y construcciones en general, ubicados en la zona urbana y suburbana de Montevideo, aptos para ser habitados, con destino casa habitación o para ser ocupados o afectados a cualquier actividad, que se encuentren deshabitados, desocupados, o no afectados a uso o actividad de especie alguna».

Se establece que el tributo se establecerá en un 300 por ciento de la Contribución Inmobiliaria. Otros artículos definen qué se considera como desocupado y las posibles excepciones a establecer. También se establece el período de transición para que los propietarios de viviendas abandonadas las vuelquen al mercado, en cualquier modalidad. Los propietarios deberán presentar una declaración jurada sobre el uso de la vivienda en un plazo de seis meses posterior al pago de la Contribución Inmobiliaria. Se establece, además, que inspectores municipales controlaran después del plazo si el inmueble sigue vacío.

Finalmente, el proyecto considera que lo recaudado por ese tributo será volcado a la creación de un fondo para garantía de alquileres, manejado por la Intendencia.

González señaló que después de que la Junta Departamental vote el presupuesto quinquenal iniciará los contactos para presentar el proyecto de decreto a la bancada y su remisión a la comisión de la Junta.