Empleados de Casinos presentan firmas para recurrir presupuesto

La Asociación de Empleados Profesionales de Casinos (Adep) presentó ayer al Parlamento las mil firmas necesarias para promover un recurso contra dos artículos del presupuesto quinquenal de la Intendencia de Montevideo (IMM). Los artículos que los funcionarios pretenden impugnar son el 97 y el 124, en los que consideran que sus derechos se ven afectados.

El primero, severamente cuestionado por la oposición cuando el tema fue analizado a nivel de la Junta Departamental, permite que la administración adjudique a los trabajadores una tarea correspondiente a dos escalafones inferiores a su categoría.

Aunque no habría rebajas salariales y la situación sería temporal, no se aclara por cuánto tiempo se realizaría ese cambio, por lo que los funcionarios argumentan que es violatorio de sus derechos.

El artículo 124 exige el retiro de todos aquellos funcionarios que hayan ingresado a partir de 1990 y tengan causal jubilatoria alcanzada por el sistema bonificado. En la elaboración original realizada por la administración el artículo era el número 135 y se limitaba a plantear el retiro de los funcionarios de Casinos aclarando que éste sería obligatorio. Un estudio realizado por técnicos del Banco de Previsión Social (BPS) argumentó que el proyecto era ilegal e inconstitucional porque el retiro era voluntario y no podía ser exigido. Por esa razón, la palabra «obligatorio» fue retirada y se extendió el alcance del artículo a todos los funcionarios con causal bonificada. En una entrevista realizada por LA REPUBLICA el mes pasado el entonces intendente interino Ernesto de los Campos reconoció que el objetivo de la administración era reducir la cantidad de trabajadores de Casinos y agregó que la medida sería adoptada utilizando otros recursos legales independientemente de lo aprobado en la Junta.

La especificación planteada por los ediles para alcanzar únicamente a los trabajadores que ingresaron después de 1990 difirió el retiro en veinte años y brindó una solución a los cuarenta funcionarios que hubieran quedado sin trabajo en forma inmediata con la redacción original.

De cualquier manera, los trabajadores continúan considerando que la propuesta es ilegal y aspiran a que el Parlamento la derogue. El documento entregado para el estudio de los legisladores fue elaborado por el abogado de Adep, Augusto Durán Martín.