Vecinos maragatos plantearon a Vázquez duras críticas a políticos

Según expresó Vázquez a LA REPUBLICA, se trata de mantener una coherencia con «lo que hemos dicho siempre y propugnado en todo momento: que el trabajo de una fuerza política como la del Frente Amplio, que surge del corazón del pueblo, es estar al lado del pueblo, de la gente; en una acción permanente de contacto con la población para aprender con ella, conocer la situación real en que vive e intentar, si es posible, buscar soluciones a sus problemas».

Vázquez cumplió una extensa agenda recorriendo, en primera instancia, dos de las zonas más carenciadas de San José, donde escuchó los reclamos de los vecinos. Representantes de centenares de familias que habitan los barrios «Roberto Mariano» y «Exposición» y cuya principal fuente de ingresos es, en muchos casos, el «negocio ladrillero» –como ellos mismos denominan su trabajo en los hornos de ladrillos–, estrechaban la mano de Vázquez y explicaban su desesperante situación.

«Más de 400 personas en seguro de paro»; «familias que tenemos hasta 10 hijos que mantener con menos de 1.000 pesos por mes»; «vivir en terrenos inundables y casas de barro»; «que los políticos vengan cuando vienen las elecciones y después nos dejen morir de hambre porque hasta el obispo (monseñor Pablo Galimbertti), trajimos a recorrer en una creciente y lloraba de bronca, pero al otro día se fue a tomar mate al lado de una estufa»; «que no sabemos por qué hace meses que no cobramos Asignaciones Familiares», fueron parte de las expresiones utilizadas para plantear la problemática de quienes deben sobrevivir en la indigencia. «Estamos muy descreídos de los políticos, las promesas que no cumplen las tomamos como una falta de respeto», manifestaban.

Reclamos por hospital

El presidente del EP-FA, acompañado por un impresionante número de autoridades izquierdistas, entre los que se encontraban los senadores Rodolfo Nin Novoa, Marina Arismendi, Alberto Couriel, José Mujica y Reinaldo Gargano; los diputados Lucía Topolansky, Doreen Ibarra y Heber Sellanes; el presidente del EP-FA en San José, Baltasar Aguilar; varios ediles departamentales y el líder de los Claveles Rojos, Víctor Vaillant, se dirigió luego a la sede de la Cámara del Pueblo maragata, organización destinada a coordinar actividades y necesidades barriales.

En el lugar los planteos se centraron en la crítica situación que atraviesa el Hospital Departamental, objeto de diversas denuncias por su irregular funcionamiento y la exhortación del presidente de la Cámara del Pueblo a los legisladores presentes se sintetizó en «hacer algo por los que sufren».

Según denunció Porley, la directiva del Hospital de San José «es un desastre y una vergüenza, pero el director del Hospital (Leonardo González Massaia) está amparado por Raúl Lago (secretario de la Presidencia)».

Falta de medicamentos, eternas colas de hasta ocho horas de duración, falta de números para conseguir la atención de los especialistas, robo de equipos médicos, dudosos ascensos de funcionarios dentro del mismo nosocomio y, particularmente, una «desprotección absoluta a las policlínicas barriales» existentes en el departamento, fueron parte de la larga lista de denuncias también planteadas ante la Comisión de Salud de la Junta Departamental y elevada al Parlamento como pedido de informes por los dos diputados departamentales, el representante del EP-FA, Heber Sellanes y el nacionalista Jorge Chapper.

Radicación de industrias

En relación a la opinión que le merece la torrencial radicación de industrias extranjeras en el departamento, impulsada por el intendente Juan Chiruchi, Vázquez expresó: «Yo pienso que los gobiernos locales deben incidir fuertemente tratando de generar fuentes de trabajo, dentro de sus posibilidades claro está, el tema es que realmente se logren los objetivos y no se generen falsas expectativas. Y eso se hace muy difícil sin el apoyo del gobierno nacional».

En el mismo sentido y reconociendo como «positiva» la tarea de Chiruchi, el senador Couriel manifestó a LA REPUBLICA: «San José en este momento es una excepción, positiva, absolutamente. Yo puedo criticar al Partido Nacional por ser colaborador de la política económica del gobierno, pero si hay un intendente que está encontrando formas de traer inversiones y empleo, me parece positivo y no tengo problema en reconocerlo, aunque sí le pueda hacer otras críticas».

Couriel señaló además especial preocupación por la política económica que lleva adelante el gobierno de coalición: «La sociedad uruguaya está viviendo un momento de crisis muy profunda, de un gran desánimo. Los uruguayos están frustrados, desesperados, con ansiedad de salida y en algunos lugares, como los productores, con bronca y con rabia».

El Interior en este momento empieza a tener una tasa de desempleo abierto superior al 15%, que constituye un «lamentable récord histórico. Lo que uno siente es que la política económica quedó encerrada, no tiene salida. El problema es esta política económica que dice que los impuestos no se pueden bajar por el déficit fiscal y porque queda mal ante el sistema financiero; que las tarifas no se pueden bajar porque queda mal y porque se están usando para atender Rentas Generales y déficit fiscal. Que a las tasas de interés no se las puede bajar porque el sistema financiero se enojaría. El déficit fiscal no se puede atender con endeudamiento porque el sistema financiero diría que no. Las reservas internacionales no se pueden usar porque tienen miedo a que mañana haya una crisis financiera por lo de Argentina. Eso dice el gobierno».

Desde su punto de vista, el gobierno «no tiene salida» y la propuesta del Encuentro es justamente, en primer lugar, cambiar el conjunto de la política económica. «Eso quiere decir darle prioridad al sistema productivo y no al sistema financiero como ocurre hoy. Ahora lo único que se cuida es la entrada de capitales y se olvidan de los productores rurales, de los industriales, de los trabajadores, de los comerciantes».

«Nosotros acompañamos a Jorge Batlle en el tema de los Derechos Humanos. Lo queremos acompañar también si él elimina los artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto que permite la venta de Antel, lo vamos a acompañar y queremos negociar y encontrar una política para las empresas públicas, pero si no, vamos a tener que hacer referéndum y plebiscito. Batlle no puede seguir tirando cortinas de humo diciéndole a los uruguayos que va a resolver sus problemas con la serpiente monetaria que ni él sabe seguramente lo que es; ni con la moneda única, que para el Uruguay no sirve.

Nosotros queremos acompañar hoy a una transformación de la política económica, pero depende del gobierno y ya no más de nosotros», afirmó el senador.