Sólo una respuesta posible: la verdad

La actividad continuará esta tarde, a las 17 horas, en la Sala Maggiolo de la casa de estudios con la realización de tres mesas redondas que analizarán el tema de los desaparecidos desde el punto de vista de las ciencias sociales, ciencias de la salud, del Derecho Penal, Procesal, Internacional y Derechos Humanos.

El director del Instituto de Derechos Humanos, Alberto Pérez Pérez, tuvo a su cargo la apertura del acto. El ex decano, señaló que «Tota» Quinteros «respondió a la vida» y que «jamás desentonó en ningún lugar». «El símbolo de su bastón y su lucha fue un catalizador para quienes se dedican a la lucha por los derechos humanos». El catedrático calificó a ambos homenajeados como «guías» que marcaron el camino de «la dilucidación del tema de los desaparecidos, gran materia pendiente de nuestro país».

Enamorado de Dios

El sacerdote Juan José Mosca, rector del Seminario, afirmó que Pérez Aguirre «hubiera justificado su presencia en este encuentro diciendo que todo empieza con un grito. La opción de los derechos humanos no nace de una teoría. La Declaración Universal es producto de una larga madeja de gritos y ayes de personas a lo largo de la Tierra. Es la respuesta a esos gritos». Luego de recordar la obra de Pérez Aguirre manifestó que «sólo la mirada doliente sobre la realidad de las víctimas nos hace plenamente humanos». Agregó que «si debiera elegir un epitafio para Perico sería: Se enamoró de Dios y permaneció enamorado hasta el fin».

La diputada Margarita Percovich tuvo a su cargo recordar la figura de «Tota» Quinteros, a quien calificó como «símbolo de la lucha tenaz». La sencillez y solidaridad de la madre de Elena Quinteros fueron destacadas por la legisladora, que recordó el rol cumplido por «Tota» en la creación de la Comisión de DDHH en 1990 en la Junta Departamental. Percovich la recordó como «un ser entero, capaz de sobrevivir a los golpes con dignidad». El lema de las jornadas fue recogido de la contratapa del último libro de Pérez Aguirre: «Para enderezar este planeta torcido y acallar el llanto de dolor de los excluidos». Luego de leer los saludos de Sara Méndez y Zelmar Michelini (hijo) enviados desde París, se dio inicio a la mesa redonda.

La primera intervención fue para Marisa Ruiz, de AI, quien reclamó al presidente Jorge Batlle que inste a los militares a informar a la Comisión para la Paz. Desde su punto de vista, «sólo cuando los responsables comparezcan ante la Justicia se romperá el círculo de la impunidad». La representante de la organización Hijos, Elsa Villaflor acusó al ex presidente Julio María Sanguinetti por «la vil mentira» que cometió al ocultar el destino de la nieta del poeta argentino Juan Gelman. En ese sentido, manifestó que «esta democracia es hipócrita e impune». Aunque reconoció los logros de Batlle para clarificar algunos casos cree que «la política del olvido sigue siendo el objetivo, antes por la indiferencia y ahora por el ocultamiento. Esta democracia está manchada de aquellos años. Somos un país atrasado e hipócrita, que no cumple los tratados que firmó». Elsa enfatizó que «los jóvenes no podemos aceptar que los asesinos no sean juzgados por sus delitos. No vamos a ser cómplices de tanta mierda. No vamos a aceptar que nos digan dónde están los desaparecidos si sus asesinos siguen impunes». Rosario Arregui, de Sersoc, hizo referencia a la extensión del duelo de los famliares de desaparecidos y expresó que «el reconocimiento colectivo del horror es necesario para restaurar la memoria. La recuperación es más larga cuando se reniega de la historia colectiva».

Javier Miranda, de Madres y Familiares, reclamó conocer el destino de los desaparecidos y la recuperación de «su dignidad. No se trata de delincuentes sino de personas que se jugaron por sus ideales, compartidos o no. Fueron seres de carne y hueso, con su historia y su sufrimiento». Agregó que «la sociedad también es víctima porque las desapariciones fueron usadas para instalar el terror en la sociedad». Miranda reivindicó la tarea de la Comisión para la Paz, «no como fin en sí misma sino como punto de reinicio. Es el camino que encontramos. Transitémoslo para avanzar hacia el futuro». Raúl Martínez, coordinador nacional de Serpaj, destacó la necesidad de recuperar la memoria histórica y colectiva y reclamó un «juicio ético» de la sociedad. Enfatizó la responsabilidad civil en la dictadura y pidió que «se tome conciencia de esa participación en todos los ámbitos para que no vuelva a suceder». Francisco Ottonelli, de Ielsur, afirmó que «la herida como colectivo social sigue abierta. Nuestra dignidad fue afectada y continúa sin reparar. Esta sociedad fue violada en sus derechos por la Ley de Caducidad. Ante el reclamo colectivo de verdad y justicia se nos dijo que teníamos los ojos en la nuca y eso es negar la importancia de la historia de un país. La verdad es un derecho». Augusto Rivera, del PIT-CNT, apuntó que en Uruguay «se logró una impunidad perfecta, que va más allá de la no justicia».