Frío Polar abarcará a unas 180 personas
El director de la División Salud y Programas Sociales de la Intendencia de Montevideo (IMM), Miguel Fernández, anunció ayer que el programa Frío Polar comenzará el 15 de junio y alcanzará entre 160 y 180 personas. La ayuda será brindada en forma coordinada con el Banco de Previsión Social (BPS), el Iname y el Ministerio de Defensa Nacional, al tiempo que se espera lograr la colaboración de la Iglesia Católica.
Fernández Galeano se reunió ayer con la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental para brindar detalles del proyecto. El BPS se hará cargo del costo de 40 camas para hombres mayores de 60 años en el Hogar San Antonio a un precio de 600 dólares por unidad durante los tres meses de invierno. El Iname brindará 25 camas para mujeres con niños en el Hogar Santa Clara mientras los otros 110 beneficiarios del sistema serán ubicados en dos locales que habilitará la IMM con ese fin.
Las personas serán recogidas de las calles con ayuda del Ministerio de Defensa, como se hizo el año pasado. Las comidas serán elaboradas en el Batallón de Infantería Nº 1 y desde allí se repartirá a los hogares. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Bertha Sanseverino, indicó a LA REPUBLICA que «esperamos contar con ayuda del INDA y empresarios privados para financiar el costo de la alimentación».
La IMM comenzó la semana pasada a hacer un relevamiento de la gente que vive en las calles. Este año el programa se extenderá más allá de los límites de la Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Parque Batlle y llegará hasta Paso Molino, Unión y la zona del Bulevar José Batlle y Ordóñez.
En caso que la Iglesia Católica habilite algunas parroquias para dar cabida a más gente, el programa alcanzaría una población mayor que la indicada. El año pasado fue abierta la Parroquia San Ignacio con ese fin y Sanseverino tiene «la esperanza que la vuelvan a abrir. Sería importante que la Iglesia participara de este programa porque tiene una infraestructura importante y parroquias en todo Montevideo».
Independientemente de la marcha del programa, la Comisión de Derechos Humanos analizará en los próximos días la forma de conseguir abrigos, termos y alimentos para colaborar con los grupos de voluntarios que atienden a las personas que continúan viviendo en la calle.
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