Cámara recibe ocho mil firmas contra la tasa de saneamiento

Los diputados Daniel García Pintos y Ruben Díaz, por Fuerza Nueva Colorada (FNC) y el Foro Batllista, respectivamente; y los ediles departamentales Mario Linzo de la lista 15, y Duilio Zupardi por FNC junto a un grupo de vecinos de la capital presentaron ayer ante la Cámara de Representantes un recurso de apelación con el respaldo de 8.000 firmas de ciudadanos con la intención de derogar la tarifa de saneamiento incluida por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) en el presupuesto quinquenal departamental.

Los legisladores nacionales y departamentales por el Partido Colorado presentaron ayer las ocho mil rúbricas ante el secretario de la Cámara de Representantes, Horacio Catalurda. El trámite continuará ante la Corte Electoral la cual deberá verificar y validar mil firmas. A partir de ese momento la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la rama baja parlamentaria y el plenario de la Cámara dispondrán de sesenta días para pronunciarse sobre el tema.

El recurso busca anular, «según el espíritu de las rúbricas, el impuesto al saneamiento el cual se hará sentir en pocos días en la economía familiar de los vecinos de la capital que se encuentren en las zonas servidas por la red de alcantarillado», aseguró García Pintos.

Para el legislador, «este impuesto vuelve a poner a la IMM metiéndole la mano en el bolsillo a la gente con un gravamen que va a ser importante y que de 18 millones de dólares por año va a pasar a recoger cerca de 42 millones de dólares».

Según el parlamentario, la comuna capitalina «no va a utilizar esos recursos para mejorar la red de alcantarillado, sino para ir a enjugar el déficit fiscal que tiene desde hace once años, producto de su mala administración».

La tarifa de saneamiento fue aprobada en la Junta Departamental de Montevideo con los votos conformes de las bancadas de ediles del Partido Nacional y del Encuentro Progresista-Frente Amplio.

En tanto que el Partido Colorado considera que los artículos 89 a 95 del presupuesto departamental, en los cuales se incluye la tarifa de saneamiento, «son inconstitucionales en virtud de que encubren la creación de un impuesto».

En ese sentido, García Pintos señaló que los legisladores deben resolver sobre la inconstitucionalidad de la norma para lo cual deben «asumir la responsabilidad ante los vecinos». Agregó que «es un error» encarar el tema desde el punto de vista político, ya que debe considerarse si es o no constitucional la norma.

«Los diputados tenemos que ser jueces en esta ocasión porque actuamos como tribunal de alzada, según lo indica la Constitución de la República, y no se deben mirar acuerdos políticos», puntualizó.

En un escrito jurídico que presentaron los recurrentes ante la Cámara de Diputados se indica que «las normas impugnadas resultan «inconstitucionales por encubrir la creación de un impuesto, soslayando las limitaciones que los gobiernos departamentales poseen a texto expreso en materia impositiva en virtud de lo establecido por el artículo 297 de la Carta Magna». Según el informe, la tarifa no sólo abarca el precio del servicio, sino también los costos de la obra realizada o a realizarse, que nada tienen que ver en este caso con el mantenimiento de una red preexistente, y cuyo costo se ha ido cobrando a través de las tasas que hasta el presente se han abonado por los contribuyentes».