En Maldonado también se recordó a Zelmar y al Toba

Casi un centenar de personas participaron ayer de una marcha recordatoria de los 25 años del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, «El Toba». De la marcha participaron además, el diputado Enrique Pérez Morad (Unión Frenteamplista), el dirigente del Nuevo Espacio Heriberto Sosa y varios ediles del Encuentro Progresista. La propuesta surgió en la Mesa Política departamental del Frente Amplio

Los manifestantes sólo portaban banderas uruguayas y eran encabezados por un gran cartel en el que lucía la consigna de la jornada: «Sin Verdad secuestrada ni la Memoria perdida» y transitaron desde 25 de Mayo y Zelmar Michelini, por ésta hasta la intersección con Héctor Gutiérrez, donde depositaron flores.

Ambas calles fueron integradas al nomenclátor de la ciudad en mayo de 1985, con un acto en el que participó el intendente de la época, Benito Stern (PC) y dirigentes de los cuatro partidos políticos con representación legislativa.

Edil desaparecido

Por su parte la Junta Departamental de Maldonado resolvió plantar un árbol en el jardín que rodea su edificio, en homenaje a Horacio Gelós Bonilla, obrero de la construcción y edil del Partido Comunista (Frente Amplio), desaparecido en 1976. El acto se realizará el próximo viernes a las 20.30 horas, antes de comenzar la reunión ordinaria.

Gelós fue secuestrado el 2 de enero de ese año por militares dependientes del Batallón de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce, cuando transitaba por Florida y Sarandí, frente a la plaza de San Fernando, a una hora no precisa entre las 19.30 y las 20 horas. Por testimonios aportados por otros detenidos que militaban junto a él en Maldonado habría sido salvajemente torturado y asesinado en un predio de esa dependencia conocido como El Tambo.

Su cadáver podría estar enterrado en las mismas instalaciones y varias fuentes han señalado como uno de sus torturadores a un actual jerarca municipal. En 1985, la Comisión Departamental de Derechos Humanos, integrada por el pintor Manolo Lima, el ahora diputado colorado Alejo Fernández Chaves, el médico Carlos Laborde y el escribano Gonzalo Alvarez, presentó una denuncia penal. Pero la investigación quedó trunca al aprobarse en 1989 la Ley de Caducidad.