El juez argentino Gustavo Literas, que investiga la desaparición de niños en cautiverio durante la dictadura militar, citó como testigos a once ciudadanos uruguayos sobrevivientes del centro clandestino Automotores Orletti. Fuentes cercanas al caso dijeron a LA REPUBLICA que Literas “está molesto” con su colega uruguayo Juan ContarÃn, debido a que se negó a responder el pedido de colaboración para investigar a militares uruguayos hasta tanto no reciba copia del expediente.
El titular de la FiscalÃa Nacional en lo criminal y correccional Federal Nº10, Miguel Angel Osorio, libró el oficio “con carácter urgente” al abogado argentino Alberto Pedroncini, representante de la querella por “privación ilegal de la libertad”, que involucra, además de los militares argentinos, a tres militares y un agente policial de la dictadura uruguaya.
El fiscal argentino resolvió recibir los testimonios de los uruguayos en la medida que puedan viajar a la ciudad de Buenos Aires.
Los citados a declarar permanecieron recluidos en ese centro clandestino de detención varios meses, padecieron torturas y vejaciones, y después fueron trasladados a Uruguay en forma irregular. Varios murieron en el lugar a raÃz de los tormentos recibidos y otros permanecen desaparecidos. En el caso de la maestra Sara Méndez, pocos dÃas después de ser detenida, le fue secuestrado su hijo nacido durante el cautiverio.
Según la citación del Ministerio Público de la Nación Argentina a la que accedió LA REPUBLICA, los testigos citados son: Elba Rama Molla, Mónica Soliño Platero, Alicia Cadena Ravela, Enrique RodrÃguez Larreta, Ariel Soto Loureiro, Sara Méndez Lampodio, Ana Inés Cuadros Herrera, Gastón Zina Figueredo, Eduardo Dean Bermúdez, Jorge González Cardozo, Asilú Maceiro Pérez, Edelweis Zahn Feire.
La causa está anexada al expediente del juez federal Gustavo Literas, que investiga la apropiación de menores en el centro clandestino de reclusión.
Semanas atrás, el magistrado argentino solicitó la colaboración judicial del juez Penal uruguayo de 9º Turno, Juan ContarÃn, para determinar las tareas que los militares y el policÃa uruguayo involucrado desarrollaban en los años que funcionó el centro clandestino Orletti.
El pedido del magistrado argentino fue estudiado por un fiscal uruguayo que en principio recomendó a ContarÃn que procediera a solicitarle al Ministerio de Defensa la información requerida.
Según ese dictamen, la Ley de Caducidad no inhibe a la Justicia uruguaya de recabar datos sobre asuntos del gobierno de facto en aplicación del principio de colaboración y asistencia recÃproca entre estados.
Empero, el juez ContarÃn prefirió tomar precauciones adicionales y solicitó a su colega argentino que le enviara copia autenticada por actuario de todas las fojas del expediente donde consta la investigación.
El magistrado quiere estudiar el expediente antes de proceder a rechazar o dar trámite al pedido de colaboración.
Fuentes cercanas al caso indicaron que la determinación de ContarÃn causó malestar al juez argentino Literas, que entendió la decisión de su colega uruguayo como una dilatoria para evitar colaborar.
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