Bellomo denunció a la IMC por no volcar retención de haberes

Edgar Bellomo, diputado del Encuentro Progresista, denunció que la Intendencia de Canelones (IMC) no vuelca a distintas cooperativas de ahorro y crédito el dinero descontado de los sueldos de alrededor de 400 funcionarios, lo que, a su criterio, determina una actitud «ilícita» que perjudica a los trabajadores. «En Canelones se pueden dar el lujo de cometer situaciones irregulares y no les cae el peso de la ley», lamentó.

Durante el pasado período de gobierno municipal, el ejecutivo encabezado por el intendente Tabaré Hackenbruch recibió observaciones del Tribunal de Cuentas por los atrasos en los vertimientos de aportes a, entre otros organismos e instituciones privadas, la Caja Nacional y el Banco de Previsión Social (BPS). Asimismo, la Junta Departamental de Canelones analizó en varias oportunidades este asunto, reclamando al jefe comunal que efectuara en fecha los correspondientes pagos. «Estos problemas de mala administración no son nuevos en las gestiones de este intendente», declaró a LA REPUBLICA el diputado Bellomo, quien indicó que «varios funcionarios municipales y en distintos momentos han denunciado una situación que, por más que no sea nueva, debe resolverse de forma urgente».

El legislador de Alianza Progresista por este departamento explicó que la Intendencia de Canelones «descuenta a sus funcionarios el importe que debería abonar a cooperativas como Anda o Cofac», destacando que «ese importe retenido no se vierte, y entonces más de 400 trabajadores se ven privados de efectuar operaciones crediticias».

Subrayó que los empleados «aspiran a que la Intendencia no hiciera la retención para que la realizaran ellos mismos», lo cual, admitió, «dificultaría a la comuna». «Entonces, si la IMC hace las retenciones y luego no paga, por lo menos debería alertar a los funcionarios y darles alguna opción».

«Este complejo cuadro se completa cuando esas instituciones de crédito que no reciben el dinero de manera fluida y se ven impedidas de continuar otorgando créditos, no emiten documentos que acrediten esas situaciones». «Comprendemos las dificultades que atraviesan las empresas y la prudencia manejada al no formular denuncias contra el gobierno departamental, pero aquí los rehenes son más de 400 funcionarios».