Reaforos: sorpresiva movida de Hackenbruch

Canelones

 

Ayer de mañana, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes recibió a representantes de la comisión de vecinos que, a principios de febrero pasado, elevó una acción contra las revalorizaciones de predios realizadas por la Dirección Nacional de Catastro y llevadas a la práctica por la Intendencia de Canelones (IMC).

Mientras los vecinos explicaban las «ilegalidades» que, a su criterio, contienen los reaforos, Hackenbruch envió al Parlamento una resolución fechada el 11 de mayo, a través de la cual dejó sin efecto una anterior decisión de la comuna que establecía los valores de las distintas tasas y la fijación de los impuestos de contribución inmobiliaria para los terrenos ubicados en Ciudad de la Costa. El municipio basó su decisión en que el presupuesto aprobado para el actual período incluye «previsiones normativas relativas a la cuantía de los impuestos de contribución inmobiliaria».

Al ser consultado por LA REPUBLICA, el representante del Partido Nacional en la referida comisión parlamentaria, Luis Alberto Lacalle Pou, señaló que las distintas bancadas solicitaron postergar la votación definitiva del recurso hasta la próxima semana, «para analizar si quedó derogado lo que los recurrentes han planteado».

En este sentido, Lacalle opinó que si bien Hackenbruch derogó los artículos cuestionados, «en el presupuesto municipal, que no fue votado por el Partido Nacional, se establece una nueva manera de calcular la contribución inmobiliaria en Ciudad de la Costa y en el resto del departamento».

El legislador nacionalista sostuvo que, a pesar de establecer rebajas, los valores de contribución inmobiliaria fijados en el proyecto presupuestal son «extremadamente altos», por lo que no se soluciona el problema de fondo».

Respecto a los mecanismos que buscaría el Partido Nacional para modificar los valores de contribución, Lacalle se limitó a responder que dicha colectividad recurrirá a las «alternativas planteadas en la Constitución».

 

Aumentos desproporcionados

Por su parte, la integrante del movimiento de vecinos de Ciudad de la Costa, Ana Inés Castiglioni, afirmó que el decreto anulado contenía distintas «ilegalidades», destacando que «los valores imponibles municipales no fueron avalados y sancionados por la Junta Departamental». Tras conocer la resolución de Hackenbruch, indicó que la comisión vecinal analizará la situación, adelantando que la medida no cumple con sus expectativas. «Estaremos conformes cuando los aumentos no sean desproporcionados», remarcó.

Castiglioni subrayó que el presupuesto aprobado por la Junta Departamental «tiene muchos artículos inconstitucionales, tal como entendió el Tribunal de Cuentas» y destacó que el movimiento costero analiza «tres vías»: presentar ante el Parlamento una nueva impugnación contra los artículos presupuestales que refieren a los reaforos, impulsar un referéndum contra la norma quinquenal y elevar recursos individuales ante la Intendencia canaria.

Según explicó, el «gran malestar» existente entre los vecinos determinaría que esas tres alternativas «sean aplicadas al mismo tiempo».