Gobierno y oposición marcaron diferencias sobre papel de entes

Más allá del talante cordial, el seminario organizado por el Centro de Estudios Estratégicos 1815, que dirige el general (r) Líber Seregni, mostró las diferencias existentes entre la izquierda y los partidos de la coalición respecto al destino de las empresas públicas.

Seregni cerró el seminario realizado ayer, «con la satisfacción del propósito cumplido» y con un resultado concreto, además de la presencia de los principales dirigentes políticos del país, la elaboración de un documento por parte de técnicos de los más distintos colores partidarios e ideológicos, que «abre camino hacia una política de Estado respecto a los servicios públicos», en una búsqueda que supo «relevar puntos comunes y relegar las diferencias». El ex presidente del FA condensó en la frase de Artigas «uníos caros compatriotas y estad seguros de la victoria» su pensamiento sobre la jornada y las posibilidades que se abrirían de llegarse a un consenso sobre el tema.

En su intervención, que cerró el evento, el presidente del EP-FA señaló que se hace «inexcusable una reflexión sobre la gestión de los servicios públicos y del Estado» y que ello es pensar «en una nueva sociedad». La pregunta para Vázquez es entonces «¿qué Estado necesitamos?», porque las reformas deben ser para mejorar, de lo contrario no pasan de ser mutaciones que no modifican para nada su funcionamiento. La acción de pensar en una «nueva sociedad» y trabajar para construirla «se resume en un término: política».

«Con esto queremos subrayar el carácter sustancialmente político que para nosotros tiene la temática que nos ha convocado. Debe ser abordado en esa dimensión y sin dramatismo. En efecto, si bien la reforma del Estado tiene aspectos técnicos que pueden ser delimitados con suficiente objetividad, posee sobre todo elementos ideológicos y políticos», advirtió. Dicha reforma, afirmó Vázquez, está inscripta dentro de la crisis contemporánea, «una crisis que trascendiendo largamente los aspectos financieros y de gestión, abarca claves civilizatorias tales como la libertad, la justicia, la democracia, el desarrollo económico, el bienestar social, la soberanía de los pueblos, etcétera». Seguidamente citó al politólogo italiano Norberto Bobbio en la definición de que la justicia es la «libertad en la igualdad».

Para el líder de la izquierda el Estado tiene un rol de articulador, lo que elimina la contradicción estado-mercado. «El mercado es un ámbito en el que opera el estado».

 

Falsos paradigmas

Respecto a la gestión del mismo, Vázquez dijo que es necesario librarse de la falacia de que lo privado es eficiente y lo público no. «Ejemplos sobran para demostrar lo contrario, piénsese lo que ocurrió en Piriápolis, donde colapsó una empresa privada que dejó sin agua a la población en plena temporada», comentó. La eficiencia, añadió, «no es producto de la naturaleza de una actividad, ni un designio divino, sino el resultado de una gestión que hacen los seres humanos».

Por otra parte, Vázquez sostuvo que el sistema político debería definir cuáles servicios públicos son mercantiles y cuáles no. «¿Son mercantiles la justicia, la seguridad ciudadana o la defensa nacional? ¿Puede serlo el agua potable, la energía, las comunicaciones o el transporte público? ¿Puede haber sistema mixtos, como la educación, por ejemplo?». Luego, citando a Tocqueville, recordó que el individualista sólo se preocupa por sí: «Si se le garantiza orden, seguridad y entretenimiento barato, cree que es feliz». Otro desafío, agregó, es para el sistema político definir los criterios que deben pautar la gestión de los servicios públicos, «en nuestra opinión son eficiencia (universalidad, calidad y prestación continua) y eficacia, que en el caso de estos servicios no es la ecuación costo-beneficio, sino costo-eficacia. Es decir, no que tenga rentabilidad positiva, sino que el servicio debe ser universal, calificado y oportuno, al menor costo posible de acuerdo a las tecnologías disponibles».

Una tercera es establecer pautas, sostuvo, para un mercado en competencia o en monopolio. «La regulacion debe ser estatal».

En cuanto a la propiedad de los servicios públicos, Vázquez advirtió que la privatización de las empresas estatales «ni resuelve problemas fiscales y mucho menos asegura la prestación de los mismos con los criterios señalados, muy especialmente cuando se hacen a precio de liquidación como suele suceder». Los entes constituyen, además, precisó, un patrimonio largamente acumulado. Por lo que las futuras asociaciones con privados deben hacerse mediante el «agregado de capitales, es decir que se sume al público». Asimismo el control de la empresa mixta que opere en Uruguay «debe ser mayoritariamente nacional» y para emprendimientos internacionales debe haber «un fuerte control estatal».

Otra necesidad, según Vázquez, es eliminar esa suerte de apropiación que los gobiernos de turno «hacen de las empresas públicas. Estas no pueden ser con un fin electoral y sus cargos de dirección dados a quienes no obtuvieron cargos electivos». Una segunda apropiación que debe ser suprimida es la «de la corporación de sus funcionarios, que a menudo confunden sus intereses, legítimos por cierto, con los no menos legítimos de la sociedad. He aquí un importante desafío para el movimiento sindical y para el sistema políltico en general y nuestra fuerza política en particular».

Un último punto es, para el líder de la izquierda, instrumentar el control de la gestión por parte de los usuarios. En esa dirección propuso la creación de una sindicatura nacional de las empresas públicas, como lo tienen las sociedades anónimas. Finalmente y aceptando los espacios institucionales como un ámbito para la aprobación de la reforma del Estado, se pronunció contra el abuso en el uso de las mayorías, tal como se practica en el recinto parlamentario.

 

Mesa de discusión

El senador quincista Alejandro Atchugarry propuso la creación de una comisión integrada por todos los partidos políticos para buscar soluciones concretas al futuro de las empresas públicas. El mantenimiento o finalización del monopolio, la creación de legislación sobre regulación y defensa del usuario y la rebaja de los costos serían algunos de los temas a analizar, según comentó en el seminario. «Servicios públicos: aportes hacia una política de Estado».

El legislador colorado señaló que Ancap, UTE y Antel facturan tres mil millones de dólares anuales pero «actúan con la lógica de una empresa monopólica. Con el tiempo nos vamos olvidando para qué la creamos, que es para los uruguayos. Se opta por hacer lo mejor para la empresa y a veces se olvida que se hizo para la gente». Agregó que «la posición del usuario en situación de monopolio es débil. Votamos leyes de competencia que poco valen si hay monopolios».

Desde su punto de vista, las empresas públicas deben ser «rediseñadas» para «volver a sentir que el usuario es el que tiene que estar en nuestro corazón más que el Estado, que es un instrumento en beneficio de esa sociedad». La propuesta de Atchugarry es «buscar las coincidencias» entre las distintas fuerzas políticas para encontrar una salida rápida a las empresas, ya que «tiempo no hay». Entre las numerosas decisiones que considera necesario tomar apuntó: «Tenemos que decidir si vamos a derogar el monopolio de importación de Ancap para que se pueda asociar».

 

Compromiso blanco

Luis Alberto Lacalle, segundo panelista en la mesa de políticos durante el seminario, se comprometió a plantear el próximo martes al Directorio del Partido Nacional la integraci
ón de una mesa de diálogo entre todos los sectores políticos. El ex presidente recordó su intento en 1991 por impulsar una reforma estatal que permitiera privatizar parcialmente las empresas públicas, que no prosperó debido al referéndum del 13 de diciembre de 1992.

Lacalle considera que esta propuesta fracasó porque «se tramitó sobre bases maniqueas, de blancos y negros, de buenos y malos. Nos enfrentamos con adjetivos, pronunciamientos y una visión simplista y esquemática que aún hoy se tiene». Sin embargo, destacó que algunos puntos como la reforma portuaria «sobreviven a aquel planteo» y que empresas como Pluna e Ilpe fueron efectivamente privatizadas. A su entender «no ha sido total ni uniforme el rechazo a las modificaciones ni es inoperante el sistema político en la búsqueda de soluciones».

Lacalle coincidió con Atchugarry en la necesidad de servir a los ciudadanos y argumentó que «Ancap está al servicio del país y no el país al servicio de Ancap. Lo que importa no es tanto la protección del patrimonio, sino hacerlo cambiar de orientación. Se debe tratar de comparar resultados si la empresa no fuera del Estado. No pagar más caro por un prurito teórico sino pagar más barato por mejores resultados».

El líder nacionalista considera que el mantenimiento de las empresas en la órbita estatal no brinda bienestar social porque «cuando hay monopolio, lejos de provocar una ventaja para la población, se llega a mayores costos para los usuarios». Agregó que lo recaudado es utilizado por el Tesoro Nacional como «recurso fiscal. Los millones de dólares que se extraen mediante los precios son fondos que se sustraen a una rebaja de costos que provocaría beneficios económicos y sociales de gran magnitud».

 

«Mamarracho»

«Hay dos formas de ir cambiando el país, una es tratar de entendernos. Creo que Seregni tomó este camino. Ojalá mañana muchos tomemos la bandera para ayudarlo», expresó el senador Rafael Michelini. El líder nuevoespacista comentó cómo la crisis energética «agarró con la guardia baja a Brasil», en un señalamiento de la importancia de tomar estos temas en forma inmediata.

El senador señaló que la reforma del estado es de «agenda permanente», pero a la que todos ingresan por caminos diferentes. Por ejemplo, agregó, el presidente Jorge Batlle dijo hoy que había nuevos directores de las empresas públicas que no «sabían nada» de las mismas. «El NE propuso una reforma para reducir el número de directores de los entes autónomos –que seguramente no supimos explicar– en el supuesto de que si entraban menos, entraban menos malos, porque los primeros iban a ser buenos», subrayó. Más adelante dijo que los costos de los servicios públicos son caros a la producción, entre otras cosas por los impuestos que financian el presupuesto.

Michelini, en otra parte de su intervención, dijo que llega a la reforma por la necesidad de defender al más débil. «No estoy de acuerdo –expresó– con los monopolios, ya sean públicos o privados. Quiero al ciudadano libre». La publicidad oficial fue, sostuvo Michelini, una manifestación del mal manejo de los dineros públicos, ya que entes monopólicos financiaban el 50% de la misma. Otro ejemplo en esa dirección, añadió, fue el «mamarracho» del negocio de Ancap en Argentina.

Finalmente, el líder del NE manifestó que hay dos formas de impulsar una reforma: ejerciendo la mayoría que la coalición tiene en el Parlamento o el camino propuesto por Seregni. «Este último es el mejor, porque es sostenido en el tiempo», subrayó. Uno de los puntos clave para ensayarlo es «haber salido de la discusión del tema de la propiedad y el acuerdo en la necesidad de competir».

 

«Desmoronamiento social»

El líder de la Unión Cívica, Aldo Lamorte, considera que la preocupación por las empresas públicas es «un tema que parece instalado desde lo político hacia la sociedad y no a la inversa. La sociedad tiene preocupaciones más inmediatas como salud, educación y empleo». A su entender, «se necesitan soluciones rápidas para revertir este proceso de desmoronamiento social».

Uno de los caminos concebidos por Lamorte es que las empresas públicas sean utilizadas como parte de «un shock productivo. Se podría instrumentar que las prestaciones sean sin cargo durante un año para el sector productivo como forma de movilizar la producción. Esto generaría una variable atractiva para generar inversiones». Lamorte considera que esta es una posibilidad viable considerando que «Uruguay no se quiso desprender de sus empresas para tenerlas como un seguro».

Agregó que nuestro país debe «desarrollar políticas de Estado» en la materia.