Los entes y el fin del proceso político partidario

Eliminar el proceso político-partidario en las empresas públicas, evitar «innecesarios» debates ideológicos y establecer un conjunto de reglas claras y estables, son algunos de los aportes realizados por diversos técnicos en el seminario sobre «Servicios públicos: aportes hacia una política de Estado».

El documento que consta de nueve puntos señala que «el objetivo básico de los servicios públicos es contribuir al bienestar de los uruguayos». En tal sentido propone «asegurar mejoras permanentes en la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos, provocar reducciones significativas en sus tarifas, fijar objetivos distributivos explícitos sobre las condiciones de acceso universal a cada uno de los servicios ofrecidos, y promover la inversión en los sectores involucrados y en el resto de la economía».

También se plantea que los marcos regulatorios deberán establecer «una clara separación del Estado proveedor de servicios y el Estado como regulador y promotor de las actividades económicas, la igualdad de condiciones para la operativa de empresas públicas y privadas en los segmentos en que la competencia es posible, y promover la competencia, evitando abusos ejercidos desde posiciones dominantes».

El tercer punto señala: «El sistema político deberá garantizar un conjunto de reglas claras y estables tendentes a dotar de la credibilidad necesaria al nuevo proceso regulatorio». El cuarto establece que «las reformas de los marcos regulatorios deben apuntar al desarrollo de la competencia en los segmentos potencialmente competitivos y al mismo tiempo deben generar un conjunto coherente de normas que aseguren el cumplimiento de los objetivos planteados».

Para evitar «la captura del proceso regulatorio por parte de las empresas dominantes y los grupos de presión», el documento plantea que los órganos reguladores deben «operar con plena autonomía funcional» y «total transparencia».

En el texto se reconoce que «todo proceso de reforma regulatoria implica la existencia de sectores perjudicados» y por tanto reclaman que se establezcan los «criterios sociales que se utilizarán para compensarlas en los casos en que corresponda».

«La designación de los directores, las normas de contratación y desvinculación de funcionarios, las reglas de contratación a proveedores, el régimen jurídico, deberán adaptarse a empresas en competencia, implicando una profunda modificación de sus organizaciones, sus formas de relacionamiento con el poder político y su gestión en sentido amplio», agrega el documento.