Custodios de Berríos implicados se presentarán ante la Justicia en Chile

Por Víctor Vaccaro – Corresponsal en Chile

 

La identificación del teniente coronel Santiago Caradeux, del mayor Martín Borck Keim y los suboficiales Carlos Espinosa, Pedro Jara, José Montenegro y Felipe Cabrera está contenida en el informe oficial entregado a principios de mayo por el Departamento Quinto de Investigaciones a la jueza Olga Pérez, del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, dando por cumplida –incluso en Montevideo– una orden amplia de investigar emitida por la magistrada a cargo de la reactivación del proceso en Chile, quien se disponía a cursar las citaciones correspondientes.

Berríos fue sacado de Chile en octubre de 1991 por sus ex colegas en los aparatos represivos de la dictadura con la identidad falsa de Hernán Tulio Paredes Orellana, para evitar que declarara en el juicio por el atentado de la DINA en Washington al ex canciller Orlando Letelier. Desde entonces fue protegido y luego secuestrado por oficiales de inteligencia chilenos y uruguayos.

Desapareció en sus manos el 15 de noviembre de 1992 desde la comisaría de Parque del Plata, para reaparecer como esqueleto cerca del balneario El Pinar el 13 de abril de 1995. El mayor Martín Borck, quien actualmente ocupa la segunda comandancia del regimiento de Ingenieros de Puente Alto, negó haber estado alguna vez en Uruguay o haber conocido a Berríos, por lo que «no me escondo de nadie» y como los otros militares mencionados, anunció que concurrirá voluntariamente ante la jueza, mientras en Montevideo la fiscal Nancy Hagopian se aprestaba a pedir la reapertura de la investigación allí.

Por su parte, el jefe del Departamento Comunicacional del Ejército, coronel Pedro Pablo Bustos, se hizo cargo del emplazamiento público que la senadora Carmen Frei hizo ayer al comandante en jefe, general Ricardo Izurieta, para que esa institución entregue al tribunal todos los antecedentes relacionados con el caso Berríos y las labores que cumplió como químico en el complejo industrial que el Ejército tiene en Talagante, asegurando que no se dispone de nuevos antecedentes «que modifiquen el conocimiento que tiene de los hechos que están directa o indirectamente relacionados con el caso Berríos».

La parlamentaria e hija del ex presidente Eduardo Frei Montalva –muerto en oscuras circunstancias a causa de una «septicemia postoperatoria» el 22 de enero de 1982– comentó que «en la medida que se aclare la muerte del químico de la DINA, también podrán dilucidarse la intervención de terceros en el envenenamiento de mi padre y otros crímenes».

La familia tiene fundadas presunciones en cuanto a que Berríos ingresó a la Clínica donde el ex mandatario se restablecía de una operación sin complicaciones y le inyectó una bacteria que le provocó el «shock séptico», sospecha que se ha fortalecido con los antecedentes reunidos por la Cancillería y el Ministerio de Salud, mientras el de Defensa no ha respondido a los requerimientos de la familia.

Carmen Frei remarcó el gran interés de las Fuerzas Armadas en el caso Berríos, al punto que hasta el Ejército uruguayo impidió que se concretaran varias diligencias ordenadas por el entonces presidente Luis Alberto Lacalle tras comprobar éste la vinculación de altos oficiales en la protección y ocultamiento del químico asesino.

«Es muy sospechosa –afirmó– la enorme significación que había logrado el químico para los agentes de inteligencia, dada la forma en que lo sacaron de Chile y los altos contactos con el Ejército de Uruguay para esconderle, protegerle y después hacerle desaparecer».

El diario «El Mercurio» dio cuenta de una carta que el Ejército envió al ministro de Defensa, Mario Fernández, manifestándole «su preocupación por la difusión del informe policial y por no haber sido consultado sobre los antecedentes contenidos en el mismo (los nombre de los presuntos custodios), lo que no guardaría relación con la confianza que debe existir para una comunicación fluida, con vistas a resolver este caso».