Indignación en las funcionarias de Antel interrogadas en Maldonado

Las mismas se consideran perjudicadas por todo el procedimiento judicial ocurrido y por su difusión pública. Búsqueda, en su crónica, dice textualmente haber obtenido la información de «fuentes del Ministerio Público», y según las funcionarias de Antel tergiversa lo que sucedió en el Juzgado tan sólo horas antes.

En el entorno de las funcionarias de Antel que fueran citadas el pasado martes por el fiscal Gilberto Rodríguez Olivar al Juzgado Penal de 4° Turno de la ciudad de Maldonado –por la denuncia de Búsqueda sobre eventuales «pinchazos» telefónicos a sus oficinas– fue notorio el malestar por la «filtración tergiversada», publicada en Búsqueda, con la fiscal que las interrogara, Dra. Gabriela Fosatti, que días antes subrogara al fiscal Rodríguez Olivar. Este fue enviado a un destino judicial considerado de menor jerarquía que el que ocupaba, luego del incidente que protagonizara el año pasado, en que apareciera su voz grabada conversando con la jueza Fanny Canessa y confesando que era presionado «de día y de noche» por el fiscal de Corte, Dr. Oscar Peri Valdéz, así como que debía enfrentar las llamadas que le realizaba el director del semanario Búsqueda, Danilo Arbilla.

Una vez que Antel determinara oficialmente que en Búsqueda no había teléfonos «pinchados» –explicaron a LA REPUBLICA familiares de las funcionarias– se investigó a ocho funcionarios que habían recibido la solicitud de copias de facturas telefónicas de Búsqueda, solicitud realizada a través del servicio de 0800, para retirar en cinco sedes diferentes de Antel, ninguna de las cuales fuera retirada por representantes de Búsqueda ni por nadie de las antedichas sedes de Antel. Las investigaciones administrativas de Antel determinaron que la abogada instructora considerara a las funcionarias de Antel «sin responsabilidad» alguna en el episodio, el cual no aludía a «pinchazos» telefónicos –ilegal conocimiento del contenido de conversaciones telefónicas– sino a la eventual filtración de registros de llamadas, cuya publicación es legal, según resulta de las opiniones de la Cátedra de Derecho Consitucional de la Universidad de la República. Se provocó, incluso, un incidente jurídico-administrativo promovido por una de las funcionarias, Ana María Castillo, que se sintió perjudicada no sólo porque Rodríguez Olivar difundiera en enero de 2001 su nombre como sospechosa e incluso falsamente como habiendo sido ya «sumariada» –pese a la exoneración de la investigación administrativa oficial– sino porque, pese a considerarla «sin responsabilidad», funcionarios de la sección jurídica de Antel se apartaron, a su juicio, de las normas del debido proceso.

Esto determinó que en realidad quien se encuentra bajo investigación administrativa –por decisión del Directorio de Antel– resulte ser la jefa de Sumarios de la Sección Jurídica de Antel, Dra. Sara Caetano.

Los familiares de Castillo explicaron a LA REPUBLICA que como Ana Castillo fue referente político y sindical de la CBI, encabezada por Flores Silva, se pretende hacer de ella un «chivo expiatorio» para involucrar al director de Posdata con las llamadas atinentes a Búsqueda, sin reparar que Castillo ocupa un cargo en Antel sin ninguna posibilidad de acceder ni remotamente a las sofisticadas informaciones de registros telefónicos que publicara Posdata, tanto en el caso de la concesión de la Terminal de Contenedores del Puerto, como en el caso de la concesión del Aeropuerto de Carrasco, licitaciones ambas fallidas.

La existencia de llamadas entre Búsqueda y Mercado Abierto –empresa financiera argentina acusada de ser el centro del narcolavado regional del Cártel de Juárez– fue revelada por LA REPUBLICA el 10 de junio del año 2000. Interrogado en su momento el inspector general (r) Rivero sobre si tenía conocimiento respecto de la existencia de dichas llamadas, manifestó que sí, que no había investigado el asunto, pero que la información le había sido proporcionada por agencias extranjeras.

El libro del columnista del Miami Herald y de CNN –y de decenas de diarios en todo el mundo–, el periodista Andrés Oppenheimer, titulado «Ojos vendados», de reciente aparición, detalla en varios pasajes cómo el Estado mexicano solicitó al Estado argentino –y éste lo hizo a través de diferentes agencias estatales– la intervención de los teléfonos de Mercado Abierto y el consecuente conocimiento de las llamadas que salían de dichas oficinas o llegaban a las mismas.

Es decir que, según se desprende del libro de Oppenheimer, las agencias oficiales de seguridad e Inteligencia argentinas no sólo tuvieron en su poder –obtenidos legalmente– los registros de las llamadas sino su contenido.

La Gendarmería Argentina había informado mediante comunicación oficial y escrita a la Dirección Antidrogas de Uruguay –ya en setiembre de 1999, antes de la realización de las mencionadas llamadas entre Búsqueda y Mercado Abierto– de las actividades de los agentes de Mercado Abierto en la compra de bienes en Uruguay.