Polémica en San José por no presentación del presupuesto

San José

 

Diez ediles de la Junta Departamental de San José remitieron al Tribunal de Cuentas un documento en el que deslindan responsabilidades respecto al no envío del presupuesto quinquenal municipal al organismo. El mensaje explica que la decisión fue adoptada por el intendente Juan Chiruchi, quien no lo envió en «tiempo y forma» al legislativo. Por esa razón solicitan que el Tribunal se pronuncie al respecto.

La resolución de Chiruchi de no enviar su proyecto quinquenal a la Junta Departamental, informada en pasadas ediciones por LA REPUBLICA, generó profundas discusiones en el seno del legislativo. Además, los constitucionalistas José Korzeniak y Hugo Martins fundamentaron interpretaciones opuestas sobre la constitucionalidad del proceder del jerarca maragato. Una iniciativa planteada por Korzeniak para realizar juicio político a Chiruchi no prosperó porque no se llegó a la cantidad necesaria de votos de ediles, ya que faltó una de las once firmas necesarias. Ante la situación planteada, la totalidad de los curules del Frente Amplio, uno del Partido Colorado y la lista 1 (no oficialista) del Partido Nacional decidieron el pasado 4 de mayo remitir al Tribunal de Cuentas un documento en el que deslindan «responsabilidades ante la posible violación de las disposiciones constitucionales por parte del intendente».

En la referida nota, los representantes maragatos solicitan al Tribunal que se expida sobre si la resolución del intendente Chiruchi cumple o no con las reglamentaciones constitucionales que regulan la materia.

Los puntos centrales del documento explicitan: «1) Que el plazo constitucional para la presentación del presupuesto venció el 13 de enero de 2001. 2) Que el intendente de San José, hasta la fecha, no ha remitido a la Junta Departamental dicho presupuesto. 3) Que por el artículo 224 de la Constitución de la República, compete a la Junta Departamental considerar los presupuestos preparados por los intendentes, dentro de los cuatro meses de su presentación, lo cual no ha sido posible, en virtud de no haber recibido el proyecto de presupuesto en tiempo y forma. 4) Que además el artículo 225 de la Constitución, en su párrafo segundo, establece: «Previamente a la sanción del Presupuesto, la Junta recabará informes del Tribunal de Cuentas, que se pronunciará dentro de los veinte días, pudiendo únicamente formular observaciones sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o violación de disposiciones constitucionales o leyes aplicables».