Impulsan la adhesión de Uruguay a la Corte Penal Internacional

Amnistía Internacional (AI) y la coalición de ONGs por una Corte Penal Internacional realizarán un seminario entre el martes y el viernes de la semana próxima. El objetivo es impulsar en el Parlamento la ratificación de la firma de Uruguay en Naciones Unidas para la creación de la Corte Internacional (CPI).

Representantes de organizaciones de derechos humanos y legisladores de todos los partidos participarán de diversas mesas de discusión que se desarrollarán en el Paraninfo de la Universidad de la República y en la Sala Artigas de la Junta Departamental. La CPI entrará en vigencia cuando se logre la ratificación de sesenta países –actualmente treinta han ratificado– y permitirá juzgar a personas que hayan cometido genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. La sede será en La Haya y sus dictámenes alcanzarán solamente a criminales pertenecientes a países ratificadores de la existencia de la Corte. Las resoluciones no tendrán carácter retroactivo, por lo que los crímenes cometidos en nuestro país durante la dictadura militar no serán juzgados en su seno. Marisa Ruiz, Ivahanna Larrosa y Carolina Jalabert, representantes del sector Uruguay de AI, consideran que la demora en la ratificación «puede deberse al temor de algunos ante la posibilidad de ser juzgados, pero eso no existe». Aclararon que el gobierno nacional «tiene voluntad de ratificar. De hecho, el año pasado vino una delegación de la coalición de ONGs de la CPI y uno de sus representantes, Eduardo González Cueva, se entrevistó con el presidente Jorge Batlle. El mandatario le dijo que no hay obstáculos legales para la ratificación y el 19 de diciembre Uruguay firmó la creación de la Corte».

Voluntad pendiente

La creación de la CPI fue resuelta en Roma en 17 de julio de 1998 durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, que reunió a delegados de 160 países. Desde entonces, 139 países firmaron, pero solamente treinta ratificaron la puesta en vigencia de la propuesta. En América del Sur los últimos firmantes fueron Perú y Uruguay. Guatemala, Nicaragua y Cuba son los únicos que no han firmado. Solamente ratificaron Venezuela y Argentina. Paraguay ratificó pero todavía no depositó su resolución en Naciones Unidas.

Larrosa comentó a LA REPUBLICA que el objetivo de crear la Corte es «obtener un organismo para luchar contra la impunidad. Aspiramos que la existencia de la Corte disuada a los criminales, que ahora sabrán que no dependen de su país sino que pueden ser juzgados internacionalmente».

En caso que la CPI sea creada, los países firmantes deberán acondicionar su legislación nacional, incorporando la persecución de genocidas y criminales contra la humanidad como parte de su legislación nacional. Además, la Corte tiene como pena máxima la cadena perpetua, que debería ser aceptada en la legislación de los firmantes.