Tras ser archivada, reabrirán la causa que se sigue a Gavazzo

Pero el propio Gavazzo se opuso a la clausura del expediente, por lo que la causa deberá seguir su curso. En principio, falta poco tiempo para conocer finalmente la sentencia con la resolución del magistrado sobre el caso.

En caso de que se le condene, Gavazzo deberá ser dado de baja del Ejército con la pérdida de todos sus derechos, incluso los jubilatorios. Gavazzo fue procesado con prisión por el delito de extorsión, en mayo de 1995, cuando el Juzgado Penal de 3er Turno estaba a cargo del magistrado Eduardo Borges, quien desde el pasado año fue ascendido al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno.

Posteriormente, el caso pasó al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno, el que rebajó el delito cometido por Gavazzo a violencia privada.

Tras el cambio de carátula fue dejado en libertad, puesto que mientras la extorsión es un delito no excarcelable por el que se tiene que cumplir un mínimo de penitenciaría (tiene la misma pena que la rapiña por ejemplo), la violencia privada es un delito excarcelable.

A la vuelta del expediente del Tribunal de Apelaciones fueron muchísimos los pedidos de pruebas e investigaciones llevados adelante por el Juzgado de Tercer Turno dirigido por el juez Borges. Trascendió que restaba muy poco para que Borges dictara sentencia por este caso, pero su traslado al Tribunal de Apelaciones dejó trunca esa tarea.

Violencia privada

La causa quedó en manos del juez Sergio Torres, quien asumió la conducción del Juzgado Penal de Tercer Turno y tuvo que ponerse en conocimiento de un voluminoso expediente, cuyo inicio se remontaba a cinco años. En tanto, se aprobó la Ley de Desempapelamiento, por la que se dispone la clausura provisoria (por un período de tres años) de las causas que involucren a imputados o penados primarios, y es definitiva la clasura si éstos no fueran sometidos a nuevos procedimientos penales dentro del término de tres años contados desde la fecha en que se dispuso la clausura. Gavazzo cumplía los requisitos dispuestos por la Ley de Desempapelamiento, el magistrado Torres aplicó la referida ley y clausuró el expediente.

El propio Gavazzo, a través de su defensor, se opuso a la clausura del expediente y prefirió esperar la sentencia del juez Torres, en el entendido de que es inocente de los cargos en su contra.

A Gavazzo se le encontró culpable de ejercer violencia privada sobre el propietario de una imprenta que falsificaba reales brasileños, cuyo monto total equivalía a un millón de dólares. También fueron procesados junto a él dos civiles y un subcomisario de la Policía.

Gavazzo y sus hombres intentaron obligar al imprentero a que completara la falsificación de reales que aún se encontraba en una etapa de terminación.

El imprentero hizo la denuncia a la Policía, que comenzó una investigación que culminó con los procesamientos y la incautación de los reales falsos y las planchas utilizadas para imprimirlos.

Ahora resta saber la decisión del juez Sergio Torres, quien en su sentencia deberá definir si encuentra culpable a Gavazzo o lo absuelve.

Triste pasado

José «Nino» Gavazzo está sindicado como torturador de presos políticos durante la pasada dictadura militar, en la que fue jefe de operaciones del Servicio de Información de Defensa. De acuerdo con denuncias reiteradamente formuladas por numerosas personas y organizaciones, fue responsable de varios secuestros de ciudadanos uruguayos en nuestro país y en el exterior (Argentina y Brasil).

Los operativos en que se le acusa de participar fueron realizados en el marco de las acciones encubiertas que los militares uruguayos realizaron, como «desaparecer», asesinar o trasladar clandestinamente a nuestro país, hombres, mujeres y niños que se habían exiliado. Entre varios de los más resonados casos en los que ha sido mencionado se encuentra el secuestro de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez en Porto Alegre, el secuestro y desaparición de Gerardo Gatti y León Duarte en Buenos Aires y en el secuestro y desaparación de Simón Riquelo (hijo de Sara Méndez).

Puso zafar de la Justicia y de la penitenciaría gracias a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide juzgar a personas acusadas de violar los derechos humanos durante la dictadura militar.