Diputados deciden sobre el convenio entre IMM y Tacurú

Se prevé que el acuerdo sea impugnado, ya que el recurso presentado por la bancada de ediles colorados cuenta con el respaldo de la coalición de gobierno. Sin embargo, algunos integrantes del Foro Batllista estaban dispuestos a última hora de ayer a no acompañar el recurso si el Encuentro Progresista (EP) se comprometía a dejar sin efecto la impugnación presentada contra los reaforos en Canelones (ver nota en página 7). Más allá que finalmente se opongan al convenio o no, blancos y colorados cuestionan la forma del otorgamiento y no el contenido. Los argumentos contra el convenio destacan que el fin es positivo pero argumentan que la figura de la donación modal no se ajusta a este tipo de acuerdo. Ediles locales, concejales y vecinos de las zonas 5 y 13, donde actúa Tacurú, emitieron ayer declaraciones reclamando el mantenimiento del acuerdo y destacando la mejora del servicio en los barrios. En el caso de la Zona 5, que abarca principalmente Pocitos y Punta Carretas, las autoridades locales y el director de la Región Centro de la IMM, Jaime Igorra, pusieron de manifiesto «el abrumador respaldo de los vecinos del comunal» a los jóvenes de Tacurú, tanto por la calidad de la tarea como por la consecuencia social que tendría la suspensión del contrato.

En ese sentido, hicieron notar su preocupación por «las gravísimas consecuencias que para casi un centenar de muchachos –en todos los casos haciendo su primera experiencia laboral, que enfrentan problemas de marginación, en su mayoría padres de familia desde muy jóvenes– tendría la pérdida de su fuente laboral».

El mismo planteo fue realizado a nivel de la Zona 13, donde los jóvenes de Tacurú realizan desde enero la recolección de residuos.

La zona abarca los barrios Conciliación, Peñarol, Millán y Lecocq, Sayago, Prado, 15 de Agosto, Lavalleja y 40 Semanas y es habitada por 90.000 personas.

Las autoridades zonales exhortaron a los vecinos a concurrir hoy al Parlamento a las 17 horas para asistir a la sesión. La Junta Local y el Concejo Vecinal argumentan que «la anulación del convenio generará un retraso importante, tanto en la prestación de los servicios de recolección como también en el desamparo y frustraciones con la pérdida de fuentes de trabajo que sufrirá una generación de jóvenes».