Brezzo reiteró su disposición a vetar reparación a militares
El secretario de Estado, que ayer se reunió con el presidente Jorge Batlle, manifestó que existe la posibilidad de que el gobierno pueda enviar un proyecto sustitutivo al aprobado.
El texto del proyecto de ley aprobado por los legisladores confiere «el honor público» y el grado inmediato superior a 50 oficiales del Ejército y la Armada Nacional que padecieron «la arbitrariedad de un retiro injusto» al manifestar su oposición a la dictadura militar. El Partido Colorado fue la única colectividad que votó en contra de la iniciativa.
Brezzo dijo que hace tiempo se viene considerando este «ascenso masivo al grado de general», y recordó que cuando ocupó una banca en el Senado y cuando asumió como ministro de Defensa, señaló su oposición al proyecto.
«Si bien me parece que esa gente merece una reparación, (porque) fue injustamente separada en aquella época, este tipo de decisión y acción va más allá de lo que es una reparación justa.
Es un exceso provocar un ascenso a una cantidad de gente que hubiera ascendido o no. Lo que no hay dudas es que todos ellos no habrían ascendido; si hubiera habido una situación normal, serían unos pocos los que quizás ascenderían a general.
Ahora se asciende a todos en bloque, en una forma que creo que no es buena para lo que es la organización interna y el reglamento de la fuerza».
El jerarca agregó que «no se trata de una situación de dar o no dar una compensación a una injusticia que existió. Se trata de no hacer otra injusticia».
El proyecto fue aprobado el miércoles de la semana pasada, y el Poder Ejecutivo tiene diez días para presentar sus objeciones, si es que finalmente las tiene. En caso de que decida vetar, se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado.
Según el proyecto, la medida adoptada no supondrá «en ningún caso» el pago de compensación económica, ni gastos al tesoro nacional.
El diputado herrerista Francisco Ortiz dijo durante la sesión del miércoles que la iniciativa concede el «honor público» a quienes se mantuvieron «fieles al juramento presentado».
El diputado del Encuentro Progresista Guillermo Chifflet afirmó que se culmina «con una arbitrariedad, injusticia y una ilegalidad propia de una dictadura sombría».
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