AEBU rechazó medidas y alertó sobre encarecimiento de bienes

AEBU señaló que el paquete anunciado por el gobierno «constituye un nuevo traslado de recursos del conjunto de la sociedad hacia las empresas, orientando los nuevos impuestos esencialmente sobre los sectores de menores ingresos, que sufrirán un encarecimiento del consumo de bienes».

A continuación LA REPUBLICA reproduce íntegramente la resolución de AEBU. He aquí su texto:

«Montevideo, 8 de mayo de 2001

 

A la opinión pública

Ante los anuncios del Poder Ejecutivo, de un conjunto de medidas tendientes a abordar la «reactivación económica» a partir del impacto que provoca el rebrote de aftosa en el territorio nacional, la Asociación de Bancarios del Uruguay considera necesario expresar lo siguiente:

1. El conjunto de medidas anunciadas por el Presidente de la República contienen aspectos que trascienden la atención de los afectados por esta plaga. Su alcance para el sector agropecuario es limitada y posterga la discusión de soluciones de fondo, dejando nuevamente sin solución a la mayoría de los pequeños y medianos productores.

2. El contenido de las medidas constituye un nuevo traslado de recursos del conjunto de la sociedad hacia las empresas, orientando los nuevos impuestos esencialmente sobre los sectores de menores ingresos, que sufrirán un encarecimiento del consumo de bienes. Esta nueva carga fiscal afectará aún más al estancado mercado interno, y por consiguiente profundizará la caída de la actitud económica con el consiguiente incremento de la desocupación.

3. Por diversas formas se ha hipotecado recursos de la cuantía requerida por este paquete de medidas, aplicándolos a objetivos de dudosa trascendencia para la eficiencia productiva del país (Torre de Antel, contratos de asesoramiento en la esfera de la OPP, préstamos ruinosos de la banca pública basados en cuotas políticas, o desorden administrativo y estafas al fisco en la DGI).

4. Nuevamente presenciamos la pronta resolución de las necesidades de los empresarios nacionales, mientras no se promueve ninguna iniciativa que atienda la verdadera situación de desastre que vive la inmensa mayoría de las familias uruguayas.

5. Existen en la economía uruguaya otras fuentes de recursos que posibiliten una distribución más equitativa de la carga fiscal. En este sentido –entre otros– se puede mencionar el impuesto a la renta de las personas físicas, impuestos sobre los activos que maneja el sistema financiero o sobre los medios de pago (cheques, tarjetas de créditos, etc.) o gravámenes sobre los ingresos brutos del sistema financiero.

6. En materia de refinanciación de las deudas del sector agropecuario, esta iniciativa desatiende a la mayoría de los pequeños establecimientos agropecuarios. Asimismo, el uso generalizado de las refinanciaciones provoca una distorsión evidente, emparejando sectores afectados en forma desigual por la crisis, y equiparando la situación de buenos y malos pagadores. Esto se suma al efecto nocivo que tiene sobre la imagen del país, la inseguridad jurídica que se exhibe en materia de inversión. La refinanciación de deudas debe ser el resultado de estudios claros, atendiendo especificidades y aplicada con un criterio selectivo.

7. Es también necesario comenzar un proceso de sinceramiento en cuanto la realidad objetiva de los diversos productores del sector. Mientras unos dependen en forma absoluta de sus establecimientos productivos, otros mantienen más allá de su rubro de actividad un importante patrimonio que nunca se toma en cuenta a la hora de evaluar su situación. No puede (seguir) refinanciándose unidades agropecuarias fundidas de propietarios prósperos. El patrimonio personal y familiar debe ser incorporado a las garantías, para acceder a un proceso de refinanciación. Tomando en cuenta que se traslada un costo al conjunto de la sociedad, se hace imprescindible que se dé a conocer públicamente quiénes son beneficiados por la refinanciación.

8. En tanto se insiste desde diversos niveles del gobierno, sobre la necesidad de igualar las condiciones de competencia entre los sectores público y privado, estas medidas sólo recaen sobre la banca oficial, dejando fuera del compromiso efectivo con la producción y el país a todo el sector financiero privado.

9. Es pública la situación que atraviesa el Banco de la República. Las pérdidas cercanas a los 200 millones de dólares –divulgadas por el propio presidente de la República, Dr. Jorge Batlle– se verán profundizadas por el efecto de este proceso. Indudablemente el Banco de la República no puede cargar sobre sus espaldas el costo de las refinanciaciones, sin afectar en forma nefasta su patrimonio. Ello implica medidas que lo resarzan de dicho impacto, como pueden ser:

Con una visión de mediano y largo plazo, la concentración por el Banco República de la administración de los fondos externos, que hoy son manejados por ministerios, intendencias, y otros órganos del Estado en forma no profesional. Dichos fondos, en general, comprometen al país en materia de endeudamiento externo; por ello debería existir una mayor transparencia en su manejo, hoy discrecional, y aumentando las capacidades de control del Parlamento, el Banco Central y el Tribunal de Cuentas sobre su utilización.

Con el objetivo de evitar el daño que estas medidas tendrán sobre la liquidez del Banco República, debe aprobarse la inmediata liberación de los encajes y permitir la disposición de todos los recursos con que cuenta la institución, hoy limitada por decisiones políticas.

 

CONSEJO CENTRAL – Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU – PIT-CNT».