Instancia crucial en el caso Goulart

C.P. –

 

El juzgado penal de 4º turno de Maldonado será escenario hoy de la segunda audiencia oral y pública, como consecuencia de una denuncia por difamación e injurias realizada por Claudio Braga, ex secretario político de Joao Goulart, contra Enrique Foch Díaz, ex apoderado del destituido presidente de Brasil.

En esta oportunidad serán interrogadas varias personas en calidad de testigos y se descuenta que la importancia de las mismas atraerá a una enorme cantidad de periodistas y curiosos.

A partir de las 16 horas declararán María Thereza Goulart, viuda del ex presidente; sus hijos Dense y Vicente; el ingeniero Ivo Magalhaes; la periodista Marta Viale y su esposo Juka Sheppard; Rui Noe Goulart, hijo natural y la ex esposa de Vicente Goulart. La instancia estará a cargo de la magistrada Fanny Canessa y la fiscal María Fossatti. El representante legal de Braga es el abogado Eduardo Albanell y el de Foch Díaz, el abogado Rafael Barla.

El pasado 21 de febrero la jueza intentó una conciliación entre las partes, pero resultó vana. Braga sostuvo que «destinaría todo lo que le quede de vida a luchar contra esta infamia», en tanto Foch ratificó todo lo que escribió en su libro «Goulart un crimen perfecto» y lo que ha declarado a varios medios, entre ellos, LA REPUBLICA.

La audiencia duró casi dos horas y las partes debieron responder varias preguntas del entonces fiscal a cargo Gilberto Rodríguez quien intentó determinar el eventual ánimo difamante del denunciado, así como los eventuales perjuicios que pudiera haber sufrido el denunciante.

Foch Díaz había acusado a Braga como «partícipe necesario en el crimen del ex presidente brasileño» y como coautor «del robo de acciones de la empresa Sun Corporation, propietaria de unas 20.000 hectáreas en Paraguay» que permanecían en una valija debajo de la cama que usaba Goulart en la estancia El Milagro, ubicada a la salida de Maldonado sobre ruta 39, donde vivió gran parte de su tiempo como exiliado político.

Braga negó todas las acusaciones; sostuvo que nunca fue apoderado de Goulart; que mantiene una buena relación con la familia del ex presidente y que un juzgado de Curuzú Cuatiá, Corrientes   Argentina, lo eximió de culpa y cargos después de que Foch Díaz lo denunciara en 1982 y que «esta denuncia ha dañado su vida social y política».

Ante la complejidad que presenta el caso, entre otras razones por el tiempo que hace que ocurrieron y porque la mayoría de los testigos mencionados por Foch han muerto, la jueza aceptó el mecanismo legal llamado «exceptio veritae», excepción de la verdad, para que el denunciado pueda probar sus acusaciones.