Intendentes evalúan pedir préstamos internacionales para afrontar la crisis

A la hora 19.20 el vocero del Congreso, Mario Carminatti, se mostró confiado en que «en unos pocos minutos, en su conferencia de prensa» el primer mandatario hiciera algún planteo para los municipios o diera una respuesta al pedido de entrevista realizado por los intendentes. Batlle no hizo ningún comentario sobre el tema.

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, de cualquier forma mantiene la expectativa de que el presidente brinde una solución para el problema municipal ante las consecuencias de la aftosa, ya que considera que «el doctor Batlle es un hombre sensible y conocedor de la realidad de nuestro país. Confiamos profundamente en su accionar así como en el presidente del Directorio del Partido Nacional y sus demás miembros».

La única respuesta del gobierno central que recibió ayer el Congreso a sus preocupaciones fue la autorización a faenar para el consumo interno de cada departamento. Las autoridades del Ministerio de Ganadería (MGAP) confirmaron que hoy se podrá movilizar ganado dentro de cada departamento para el abasto interno. No habrá autorización para movilizar ganado de un departamento a otro.

Sin medidas inmediatas

En un clima de fuerte solidaridad y con clara disconformidad por la falta de apoyo del gobierno nacional y los partidos políticos, los gobernantes municipales sesionaron ayer durante toda la tarde en la Intendencia de Montevideo (IMM). El encuentro concluyó con una declaración de cinco puntos donde el Congreso se declaró «en sesión permanente para coordinar con el gobierno nacional y los sectores interesados la adopción de las medidas que requiere la situación». Con ese objetivo se conformó una comisión integrada por los integrantes de la mesa del organismo, Juan Chiruchi, Mario Carminatti y Mariano Arana, los intendentes de Rocha y Paysandú, Irineu Riet Correa y Alvaro Lamas, y un cuerpo de economistas y contadores. Esta comisión deberá «estudiar una solución que permita definitivamente la recuperación económica del país». Carminatti manifestó que entre las soluciones se incluirán «tal vez algunas cosas que podremos plantear al gobierno nacional y otros pedidos por el costado del gobierno. No todo pasa por pedirle la solución económica al gobierno central. No sé si serían préstamos internacionales pero sería algo parecido, que nos permita sobrellevar esta grave crisis con un tiempo más amplio que una solución interna».

Prioridades en conflicto

La contraposición entre la necesidad de recuperar el sector agropecuario y la falta de recursos propios motivó que el Congreso no pudiera adoptar ayer ninguna resolución concreta respecto a las medidas a tomar para aliviar a los productores manteniendo, a la vez, sus propios ingresos.

Durante la sesión, los intendentes estudiaron diversas solicitudes de la Cámara de Representantes, el Congreso Nacional de Ediles y organizaciones de productores rurales para tomar medidas conjuntas de aplazamiento en el tiempo de pago de la contribución inmobiliaria rural y patente de rodados a los productores, así como suspensión de multas y recargos. El Cuerpo no tomó una resolución corporativa al respecto aunque sus integrantes se comprometieron a estudiar medidas que permitan la reactivación del agro.

La declaración final del organismo señala la importancia del agro pero aclara que «pese a esta situación las intendencias deben contemplar también las necesidades en obras, servicios y políticas sociales que legítimamente reclama la población». Carminatti manifestó al respecto que la crisis en el agro «traerá un incremento en la morosidad que seguramente tendrá consecuencias a largo plazo. Por aquí pasa la vida futura de todas las intendencias municipales».

El jefe comunal rionegrense afirmó: «Todos estamos de acuerdo en contemplar la situación de los productores. El Congreso tiene que conciliar los intereses de la producción nacional con los intereses de cada una de las administraciones municipales en obras y servicios».

Ediles proponen

Al igual que los intendentes, representantes de los ediles de todo el país se reunieron ayer en su Congreso Nacional para proponer soluciones a la situación del agro ante la crisis provocada por la epidemia de fiebre aftosa. En primer lugar, sugirieron la necesidad de impulsar una ley de urgencia que decrete una moratoria de 180 días para las deudas de los productores en el sistema bancario oficial y privado.

También plantearon la implementación del derecho de seguro de paro del trabajador rural y la implementación «de una vez por todas» del financiemiento de los municipios planteada en los artículos 50, 230, 262 y 298 de la Constitución.

Los ediles también consideran que deben ser suspendidas las ejecuciones judiciales y que se deben hacer gestiones ante UTE, OSE, el Banco de Seguros, el Banco de Previsión Social, el Instituto Nacional de Colonización y la Dirección General Impositiva (DGI) para que se difiera el pago de las obligaciones y se mantenga la cobertura de los servicios.