Gobierno analiza alternativas económicas para enfrentar la crisis

Batlle apuesta a plan de obras públicas

Fuentes cercanas a la Presidencia informaron ayer a LA REPUBLICA que un incentivo a la construcción y un plan de obras públicas, son algunas de las medidas que está manejando el presidente Jorge Batlle para salir de la difícil situación.

Los informantes indicaron que Batlle estuvo afinando este plan de reactivación con el equipo económico en las últimas horas. Asimismo, el tema fue tratado en una reunión que en la tarde de ayer el primer mandatario mantuvo con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle.

Las fuentes dijeron que debido a la situación y a la importante caída de ingresos que se tendrá en un sector clave para el Uruguay como la industria de la carne, la salida para reactivar al país es apuntar al aumento de la obra pública, algo que el presidente Jorge Batlle descartó desde que asumió la Presidencia.

Incluso, cuando se estaba elaborando el presupuesto quinquenal, fuentes cercanas al ministro de Transporte, Lucio Cáceres, señalaban el malestar del secretario de Estado por el recorte que sufrió esta cartera en los rubros.

El plan de reactivación también incluiría «abrir la canilla crediticia» –a través del Banco República– para algunos sectores industriales, fundamentalmente vinculados a la exportación. A esto se le sumaría una nueva serie de exoneraciones tributarias para el sector, según explicaron.

A estas medidas se agrega el apoyo del sistema financiero internacional para frontar la crisis. En este caso exclusivamente para atender la situación generada en la agropecuaria por la aftosa.

El martes, el ministro de Economía, Alberto Bensión y el presidente del Banco Central, César Rodríguez Batlle, se reunieron con las autoridades del Fondo Monteario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Según se informó, las autoridades financieras manifestaron a la delegación uruguaya que respaldarán a Uruguay ante las circunstancias generadas por la aftosa.

Uruguay tiene un programa con el FMI y dispone de un stand by que las autoridades han considerado como precautorio, es decir que no ha sido utilizado.

El stand by disponible alcanza a los 174 millones de dólares y forma parte del dinero que el gobierno tiene para hacer frente al impacto de una eventual crisis financiera regional.

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