Las políticas sociales del gobierno

Los planes sociales serán llevados a la práctica a través de diferentes unidades ejecutoras, como los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación y Trabajo.

El Presupuesto Nacional tiene varios ejes de acción, pero uno en los cuales el gobierno ha puesto especial interés es en los programas sociales, donde se ha dispuesto un importante incremento de los fondos. Las propuestas de contenido social están incluidas principalmente en el presupuesto del Mides, pero también abarcan otros incisos en forma transversal, como por ejemplo algunas iniciativas contenidas en los ministerios de Vivienda, Educación y Trabajo.

En el período de gobierno anterior ya se había puesto en práctica un sistema de protección social destinado a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.

Durante el presente período de gobierno se pretende dar continuidad, «consolidando y fortaleciendo el conjunto de las políticas sociales, manteniendo un enfoque transversal e integrado de las políticas de educación, salud, seguridad social, alimentaria y habitacional».

En tal sentido, en el Presupuesto se expresa que los lineamientos de las políticas sociales apuntan a la «erradicación de la indigencia y la disminución de la pobreza, como un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa».

Por tanto, en materia de políticas sociales abordadas por el Mides, se considera como «fundamental» profundizar la coordinación de las diferentes instituciones para el abordaje integral de las familias.

Asimismo se busca mejorar «la focalización de los programas» ya existentes, como las Asignaciones Familiares y la Tarjeta Alimentaria.

En ese sentido, el presupuesto asignado al desarrollo social fortalecerá programas ya existentes que forman parte del Plan de Equidad.

Se contempla la continuación y ampliación de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, dirigidas a los niños y adolescentes que integran hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

También se propone duplicar el monto de la Tarjeta Alimentaria en aquellos hogares cuyas condiciones socio-económica no superen el valor de 1,25 Canastas Básicas de Alimentación per capita, focalizando a los hogares indigentes y a los que están muy vulnerables de serlo, lo que significa alrededor de 30.000 hogares del Uruguay.

En el 2011 se alcanzaría a 15.000 hogares, y en 2012 a 30.000 hogares. Para el fortalecimiento de este programa el gobierno ha asignado 300 millones de pesos incrementales al 2014.

Adicionalmente, se incrementan los créditos presupuestales para el Programa Infamilia en el orden de los 100 millones de pesos y se incrementan las partidas presupuestales del Mides para el fortalecimiento de los siguientes programas: Uruguay Trabaja: ampliación de los componentes del programa (capacitación, programa Salud Bucal, alimentación y transporte), Apoyo Alimentario, entrega de leche fortificada a hogares con niños menores de 3 años, emprendimientos productivos: mayor cobertura y creación del Monotributo , Centros Educativos abiertos, actividades los fines de semana en los centros de educación media.

El fortalecimiento de estos programas implicará la asignación de 192 millones de pesos incrementales hacia el año 2014.

A la vez se establece que las políticas sociales seguirán teniendo como prioridad la infancia y adolescencia. En esta área se destaca el trabajo que realiza el INAU, al cual se le incrementan las partidas presupuestales para la ampliación del Plan CAIF y la mejora de la calidad del servicio. «Esto permitirá aumentar la cobertura en la atención a la primera infancia (de 0 a 3 años) de los niños de hogares en situación de pobreza». ´

Asimismo, se incorpora la extensión de la cobertura en educación primaria en la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo a los niños que asisten a escuelas de contextos más desfavorecidos.

Tanto las Escuelas de Tiempo Completo como los CAIF «tienen un importante componente nutricional, ya que brindan a los niños desayuno, almuerzo y merienda».

En lo que refiere a la adolescencia, «se ha contemplado en la propuesta presupuestal la creación del programa Compromiso Educativo, bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, con el objetivo de lograr la permanencia del adolescente en el sistema educativo».

Uno de sus componentes es la conformación de un nuevo sistema de becas (transferencia monetaria) dirigido a aquellos estudiantes del segundo ciclo de educación media que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Un sistema de becas, que será creado a través del Ministerio de Educación, otorgará 5 mil pesos a jóvenes que no estudian ni trabajan. Se estima que atenderá a unos 10 mil jóvenes.

 

Políticas de vivienda

En lo que respecta a la vivienda, los recursos que se asignan en el presupuesto «permitirán cumplir con el plan del Ministerio de Vivienda».

Dicho plan se estructura en seis lineamientos estratégicos: «el Plan Nacional de Realojos, que atenderá a la población asentada en terrenos inundables o contaminados, el Programa de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional, que apuntará a la consolidación de barrios y a la rehabilitación de áreas del tejido formal.

Asimismo, se encuentran los Programas de Actuación Integrada, orientados al crecimiento planificado de las ciudades, mediante acuerdos publico-privados para urbanizar terrenos.

La Política Nacional de Alquileres para Vivienda de Interés Social tendrá como objetivo la reactivación del mercado de arrendamientos de este tipo de viviendas, mediante la constitución de fondos de garantía y el otorgamiento de subsidios.

Las acciones respecto a vivienda rural y pequeñas localidades estarán orientadas a la construcción de un hábitat sostenible para esta población, continuando los programas vigentes (vivienda nucleada, unidades productivas, mejoras prediales y vivienda aislada).

Por último, la política de incentivo a la inversión privada en vivienda de interés social desarrollará instrumentos de participación del ahorro e inversión privada en la construcción de viviendas.

Adicionalmente, en este período se podrá disponer de los recursos provenientes de la deuda histórica con el Fondo Nacional de Vivienda de activos.

A los efectos de atender la necesidad especial de financiamiento del año 2011, se prevé adelantar al Ministerio de Vivienda «estos fondos durante el presente año ($ 852 millones)».

A esto se sumarán más recursos para el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), que recibirá un incremento de 120 millones de pesos.

De esta forma, la inversión a ejecutar pasará de los aproximadamente 9.200 millones de pesos del quinquenio anterior a $ 19.200 millones en el nuevo período presupuestal.

En lo relativo a la promoción de la construcción de vivienda por parte del sector privado, se está elaborando un proyecto de ley que establecerá exoneraciones fiscales para la construcción de vivienda y actividades vinculadas a la vivienda de interés social. Esta ley implicará un «sacrificio fiscal en el quinquenio», suponiendo unas 10.000 viviendas, del orden de los $ 1.600 millones.

El Plan Juntos promoverá todas las formas de «solidaridad material o de trabajo voluntario de personas y grupos de toda la sociedad, convocando a las fuerzas sociales e instituciones civiles del país y del Estado, para desarrollar las acciones tendientes a mejorar el hábitat de las familias».

Este programa prevé la participación de los beneficiarios a través de la autoconstrucción, labores comunitarias y otras contrapartidas.

 

Protección social

Asimismo, existen otras medidas con costo pero no incluidas en el Presupuesto, por lo que requerirán iniciativas legales específicas. Entre ellas se encuentra el compromiso del gobierno de aumentar el tope del seguro de enfermedad al que tienen derecho los trab
ajadores privados. Se prevé incrementar dicho tope en forma gradual (1 BPC por año, hasta alcanzar las 8 BPC). Por lo que se pasaría del actual tope de 6.182 pesos a 16.488 en 2015. Esta medida tiene un costo total estimado del orden de 370 millones de pesos. También se proyecta aumentar el salario mínimo nacional, las jubilaciones y pensiones mínimas de los mayores de 65 años de edad que integren hogares cuyo ingreso promedio por integrante no supere las 3 BPC. Las mismas se elevarán en una primera instancia de 1,5 BPC (3.091 pesos) a 1,75 BPC (3.606 pesos) en octubre de 2010, y se alcanzarán las 2 BPC (4.122 pesos) en julio de 2011.

Esta medida beneficiará en la primera etapa a 48.000 personas y en la segunda etapa a 69.000 jubilados y pensionistas. El costo acumulado equivale a unos 530 millones de pesos.

Otra de las medidas destinada a fortalecer la red de protección social refiere al mantenimiento por hasta 12 meses de la cobertura de salud de los hijos menores de 18 años de los trabajadores que, habiendo utilizado el seguro de desempleo, no logren reinsertarse en el mercado laboral. En cuanto a los ejes programáticos vinculados al área de la salud, el Ministerio de Salud Pública prevé desarrollar en los próximos cinco años: Metas Asistenciales, Policía Sanitaria y Programas.

También se destacan programas de Salud Mental y Rural. La incorporación del Médico de Referencia y la historia clínica del adolescente, el seguimiento de los casos de violencia doméstica y la mejora de los servicios de salud sexual y reproductiva conformarán el nuevo relacionamiento con los prestadores de salud.