Nuevo Presupuesto limita pases en comisión, becas caen a los 18 meses y desaparecen los contratos "cachet"

A seis meses de haber asumido el gobierno presidido por José Mujica, comienza a verse ya lo que parecen ser las primeras líneas de la anunciada reforma del Estado o la llamada «madre de todas las reformas».

Los primeros 75 artículos de los 821 que tiene en total el proyecto presupuestal son concernientes a cambios, muchos de ellos de elevado peso, en el organigrama de los funcionarios públicos y en sus remuneraciones.

Se limitan casi a cero los pases en comisión, las contrataciones de los becarios caducarán a los 18 meses sin excepción, se abre la posibilidad de contrataciones de adscriptos a los ministros y en forma directa, desaparecen los contratos «cachet» y se les elimina la posibilidad a los designados ministros, en el caso de que también hayan sido electos legisladores, a optar por cuál de los dos salarios será finalmente su retribución ya que el presupuesto establece que el salario de los ministros será el mismo que el sueldo nominal de los senadores. Es decir, los ministros pasarán de los actuales $ 68.000 nominales a ganar mensualmente $ 127.502. Casi el doble.

Hasta ahora cuando un electo legislador era designado ministro por el presidente, podía elegir con cual de las dos remuneraciones se quedaba.

En el actual Poder Ejecutivo hay sólo tres integrantes que además fueron electos legisladores en la elección del pasado 25 de octubre: Enrique Pintado, Luis Rosadilla y Roberto Conde, éste último subsecretario. Sólo en estos tres casos ellos podrían haber optado por cobrar el sueldo de legislador o el de ministro, que es sensiblemente inferior.

 

Oficina de capacitación

El presupuesto crea una nueva oficina llamada «Red uruguaya de Capacitación y Formación del Estado» con el cometido de planificar y centralizar la propuesta y articulación de necesidades en la materia.

La «Red» estará integrada por los organismos estatales que manifiesten su voluntad expresa en ese sentido por parte del jerarca correspondiente y funcionará en la órbita de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

La «Red» contará con un fondo de reserva que se integrará con el 10% del total percibido por cada organismo y se destinará a solventar la participación de aquellos organismos que no cuenten con recursos financieros para la capacitación de sus funcionarios.

 

Traslados

El proyecto presupuestal habilita al Estado a derivar a otras entidades aquellos funcionarios considerados excedentes en su oficina de origen.

En su artículo 15, el proyecto establece que «será competencia de la Oficina Nacional del Servicio Civil la redistribución de funcionarios que le fueran propuestos y que «tal redistribución no podrá significar, en ningún caso, lesión de derechos funcionales».

Dos artículos más adelante, el Presupuesto fija que no se podrá redistribuir funcionarios provenientes de los Incisos 02 al 15 (desde presidencia a ministerios) a Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales o viceversa.

Asimismo, se prohíbe la redistribución de funcionarios provenientes de Gobiernos Departamentales a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y viceversa.

Será la Oficina Nacional del Servicio Civil la que publicará la lista de los funcionarios excedentes y el funcionario incluido en la nómina no verá afectados sus derechos adquiridos. El funcionario que se niegue a la redistribución, se entenderá que renuncia al cargo.

 

Defensa crea cargos para civiles

Creación de nuevas dependencias y de figuras públicas y eliminación de oficinas y cargos dispuestos en el anterior gobierno son algunas de las otras novedades que se incluyen entre los 821 artículos del Presupuesto quinquenal.

En el capítulo el Ministerio de Defensa, el proyecto crea 5 cargos de particular confianza: 1 director general de Política de Defensa, 1 director de Formación Militar, 1 director de Asuntos Internacionales, Cooperación y Derecho Internacional Humanitario, 1 director de Asuntos Jurídicos, Notariales y Derechos Humanos y 1 director Nacional de Pasos de Frontera.

Suprime por otro lado el cargo de consejero de Institutos de Formación Militar que fuera creado el 19 de diciembre de 2005 y el de asistente de Asuntos Sociales, que fuera creado el 31 de agosto de 2007.

Defensa reducirá las vacantes del personal subalterno y de los dineros que financiaban las vacantes suprimidas; estos montos se destinarán a incrementar los salarios del personal subalterno, pero a partir del ejercicio 2012.

Se destinarán 4 millones de pesos para políticas sociales y culturales del personal subalterno y 60 millones de pesos en forma anual para el personal militar afectado a la vigilancia perimetral y de acceso de las cárceles.

Se crea la Unidad de Gestión Económica Financiera que tendrá la responsabilidad de administrar los fondos ONU y la Dirección General de Secretaría con 15 cargos de confianza integrados por personal civil.

Se autoriza a que el servicio geográfico militar pueda comercializar sus servicios de información geográfica.

El Ministerio de Defensa podrá celebrar convenios de pasantía con instituciones educativas públicas y privadas para cubrir personal vacante con el cometido de desempeñar funciones en el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamentos SCRA.

 

Bancos de datos

En la órbita de la Presidencia se crea la oficina de «Información Oficial y Documentos de Interés Público» y una dependencia que se llamará «Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento» que actuará con autonomía técnica para la definición de políticas y metodologías en seguridad de la información en la Administración Pública.

La Agencia Para el Desarrollo del Gobierno en Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento Agesic son dos nuevas dependencias que girarán en torno a la órbita de la Presidencia.

Las empresas afectadas a la recopilación de datos de la ciudadanía deberán elaborar al 31 de julio de 2012 la lista de toda la información que se encuentre clasificada como reservada. Salvo algunas excepciones, toda la información clasificada como reservada con más de 15 años de antigüedad, deberá ser desclasificada y abierta al público.

Las personas tienen derecho a no verse sometidas a una decisión con efectos jurídicos que les afecte de manera significativa, que se base en un tratamiento automatizado de datos destinados a evaluar aspectos de su personalidad como su rendimiento laboral, crédito, fiabilidad, conducta.

Quienes violen las disposiciones podrían ser multados con hasta 500 mil Unidades Indexadas.

Se crea también la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales Urcdp.

La Presidencia también designará en el Presupuesto 2 millones de pesos para el mantenimiento edilicio del mausoleo y la estatua del general Artigas y derivará los recursos asignados al programa de Salud Bucal Escolar a la oficina de Promoción de Salud.