Oposición vecinal a la instalación de supermercado

La Junta Local y el Concejo Vecinal de la zona 4 se expidieron unánimemente en contra de la construcción de un supermercado Devoto en Garibaldi y bulevar Artigas. Ediles locales y concejales de todos los partidos coinciden en la inconveniencia del proyecto desde el punto de vista ambiental y social. Los representantes del Partido Colorado agregan a eso la existencia de presuntas irregularidades en el trámite.

La Junta Local remitió la semana pasada a la Intendencia de Montevideo (IMM) el expediente conteniendo un informe contrario a la construcción del centro de compras. El intendente Mariano Arana tiene la posibilidad de suspender la construcción o remitir el tema a la Junta Departamental. Además del gobierno descentralizado, los vecinos y comerciantes que participaron de un debate abierto realizado en el Centro Comunal Zonal (CCZ) también se manifestaron contra la obra.

El proyecto fue aprobado inicialmente por la comisión técnica de la IMM desde el punto de vista arquitectónico. El 14 de octubre de 1999 dicha comisión presentó un informe aclarando que el destino del emprendimiento no es incompatible con la zona residencial. Devoto, por su parte, inició la compra de diversos padrones que cubren 4.200 metros, pero el 8 de setiembre del año pasado la administración le notificó que debería cumplir con la Ley 17.188 de Micro, Pequeña y Mediana empresa, vigente desde el 30 de setiembre de 1999. Seis días después, la empresa envió una nota aclaratoria señalando que «no corresponde la inclusión por ser la tramitación del expediente muy anterior a la vigencia de la ley».

Papeles perdidos

La validez del trámite es severamente cuestionada por los ediles locales colorados ya que la solicitud original, presentada el 2 de febrero de 1999, «se perdió en algún lugar de la IMM». El edil Carlos Cardoso explicó a LA REPUBLICA que además Devoto no presentó el proyecto dentro del plazo posterior, por lo que «aunque exista, esa solicitud estaba vencida cuando presentaron el proyecto», lo que ocurrió el 28 de julio de 1999. La abogada asesora de la Junta Local, Susana Lisanti, presentó un informe a los ediles reconociendo que «la fórmula A estaba vencida al presentarse la consulta el 28 de julio de 1999″. Sin embargo, considera que la misma «fue presentada antes de la entrada en vigencia de la Ley 17.188″. Para Cardoso «no tiene sentido que se haya mantenido el expediente. A cualquiera que no fuera una gran empresa lo habrían obligado a reiniciar los trámites. Esto es claramente irregular».

Además, encuentristas y colorados –los blancos no tienen representación en el CCZ 4– coinciden en el perjuicio a los comercios de la zona. Cambadu entregó a la Junta Local una lista de 1.070 comercios que se ubican en un radio de 1.500 metros de donde estaría el supermercado y se verían afectados por el proyecto.

Los representantes de los pequeños comerciantes argumentan que numerosas familias quedarían desocupadas y que las zonas con demasiados supermercados se «tugurizan», según un estudio llevado a cabo en Gran Bretaña. Cambadu estima que Devoto facturará 200.000 pesos por día como consecuencia de «1.500 personas que no entrarán más en los comercios de la zona».