Larrañaga impulsa suspensión de ejecuciones a productores rurales

El sector parlamentario Alianza Nacional que lidera el senador Jorge Larrañaga, ante la situación «del nuevo brote de aftosa y el alto grado de endeudamiento del sector agropecuario» impulsa la suspensión de ejecuciones por el término de 150 días de productores agropecuarios en todo el país».

Al hablar en conferencia de prensa en la Sala Verde del Parlamento, acompañado por los diputados Julio Cardozo, Roberto Arrarte y Julio Lara, el senador Larrañaga consideró pertinente que en el plazo de 150 días, el Poder Ejecutivo, la Banca Pública y Privada y las gremiales rurales, estudien «un régimen de refinanciación de adeudos provenientes del sector agropecuario, frente a la verdadera situación de emergencia nacional que vive la República».

Con respecto a las medidas sanitarias inmediatas que requieran la aplicación del denominado «rifle sanitario» o la vacunación, Larrañaga propone que el MGAP cite en forma urgente a los principales técnicos de todos los partidos políticos y a las entidades gremiales representativas para que, previa información, se adopte una posición única sobre la materia, que «evite controversias estériles e inconducentes y ayude al país en esta desgraciada situación».

Asimismo, el senador Larrañaga consideró de vital importancia la implementación de un «Plan de Desarrollo Productivo Nacional» –con financiamiento del BID y contrapartida nacional– que tenga un verdadero impacto económico y social en la producción pecuaria y agropecuaria del país. Según Larrañaga, «dicho proyecto permitirá amortiguar las graves consecuencias que deriven del brote aftósico, alentar un futuro promisorio para la reactivación del sector, a la espera de los beneficios que suponga el mejoramiento del estatus sanitario de la República, significando una verdadera apuesta a la esperanza».

Por tanto, Larrañaga reiteró su idea de que el Poder Ejecutivo estudie «en el marco de la normativa jurídica internacional, la posibilidad de reclamar la indemnización de perjuicios a la República Argentina».