El proceso del rifle sanitario

Luego que se recibe una sospecha de aftosa los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se hacen presentes para efectuar el sangrado a los animales (aunque clínicamente ya se puede confirmar la sospecha).

A partir de ese momento se define la aplicación del rifle sanitario y se llama a los tasadores.

Está previsto que la comisión de tasación esté integrada por un representante del ministerio, uno de la Asociación y otro de la Federación Rural. Estos establecen los valores del ganado y en forma inmediata se arma la estrategia de la ejecución del ganado, haciendo las fosas donde se mete el ganado y se matan los animales.

El productor tiene que compartir o aceptar los valores dispuestos por los tasadores y firmar un acta de tasación. Cuando hay discrepancias sobre los valores se toman los precios de la comisión de tasación porque no hubo acuerdo y luego el productor tendrá tiempo para reclamar por el valor de la tasación y se estampa en el acta esa situación.

Si un productor no quiere permitir que se aplique el rifle en su predio, el Estado tiene la autoridad y la ley para poder, bajo orden judicial, entrar al predio y aplicar el rifle sanitario.

El vicepresidente de la Asociación Agropecuaria de Artigas, Mario Ayala, explicó a LA REPUBLICA que en este tipo de situaciones «si los productores no ayudan a la aplicación del rifle sanitario se torna prácticamente imposible e ineficiente porque se va a demorar muchísimo y no va a tener el resultado que se quiere»

En casos en los que el productor se niega a aceptar la aplicación del rifle sanitario, señalaron juristas consultados por LA REPUBLICA, se debe dar cuenta al juez competente, quien puede acusarlo por desacato. En ese caso, la imposición de la medida se realiza por orden judicial, lo que podría provocar que su desconocimiento por parte del productor lo haría pasible de una acción de la Justicia.