Política carcelaria: Cierre inminente de 5 centros de reclusión y traslado de presos

El gobierno prepara en el proyecto del presupuesto quinquenal un artículo por el cual se procederá a una nueva tanda de liberación anticipada de presos, de similares características a la aplicada al comienzo del gobierno pasado, enmarcado en aquel proyecto dado en llamar de «descongestionamiento carcelario». También construirá una cárcel para presos peligrosos al lado del Penal de Punta de Rieles y retirará de la Policía la tarea de vigilancia en todas las cárceles del país. Estos anuncios los realizó el propio ministro del Interior en el Parlamento, momento en que compareció en régimen de comisión general en la Cámara de Diputados. Eduardo Bonomi desplegó en aquella jornada una serie de proyectos de su cartera a corto, mediano y largo plazo que tendrán directa incidencia en el sistema carcelario. También desnudó la realidad del cuerpo policial.

Sobre ese capítulo, Bonomi sentenció que «el mayor índice de violencia doméstica, de suicidios y de muertes se da en las familias de la Policía.

Esto tiene que ver con la situación emocional y social de la Policía», dijo.

 

Política carcelaria

El ministro Eduardo Bonomi reconoció en su informe ante el Parlamento que tras un relevamiento realizado en los establecimientos penitenciarios de todo el país realizado el 2 de marzo de 2010, se definió «el cierre inminente de las cárceles de Rivera, Tacuarembó, Rocha, Lavalleja y Maldonado, y de relocalizar en forma temporaria en unidades militares a personas privadas de libertad en el Comcar para viabilizar la refacción progresiva de los módulos. La idea ­dijo­ es dejar vacío un módulo por vez para comenzar los arreglos».

El mismo diagnóstico de cierre se aplicará en el sector conocido como «las latas» del Penal de Libertad y de su similar en el departamento de Canelones, cada uno con una población de 500 personas. En cuanto a los planes en el corto plazo, Bonomi anunció la construcción de dos complejos penitenciarios de máxima seguridad con capacidad para 900 reclusos cada uno, previsto para la separación de delitos de narcotráfico y crimen organizado ­350 plazas­, y para personas privadas de libertad de alta peligrosidad ­350 plazas­ y un sector de media seguridad con capacidad para 200 personas. «Uno de los complejos será construido en el predio contiguo a la actual cárcel de Punta de Rieles», señaló. Acerca de los programas a mediano plazo que tiene previsto el gobierno, se anuncia la clasificación de los presos, los que serán realojados «siguiendo criterios de clasificación de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente». Se anunciaron programas de rehabilitación y sacar las cárceles de la órbita de la Policía, «no del Ministerio del Interior, es decir, hacer un proceso que termine en un desconcentrado que tenga como organismo de referencia al Ministerio del Interior. Para eso hay que descongestionar, regionalizar, unificar y recién después sacar las cárceles de la órbita de la Policía», señaló Bonomi. En cuanto a las medidas de largo plazo, se proveerá a cada recluso de ropa, artículos de limpieza personal, ropa de cama y comida balanceada. Las personas con enfermedades mentales ingresarán directamente a los centros de salud, no a la cárcel, aclaró Bonomi, y se desplazará la asistencia sanitaria de los presos desde la órbita del Ministerio del Interior hacia la órbita de ASSE. Con respecto al hacinamiento, se apunta a la creación de una disposición que permita mantener la capacidad penitenciaria sin excederla y el alojamiento máximo en celdas será en el futuro de tres personas.

 

Diagnóstico reservado

El ministro Bonomi presentó una radiografía de la situación social y emocional del cuerpo policial. Alteraciones emocionales, corrupción, burocracia y sobrecarga laboral son los ingredientes letales que motivan, entre otras cosas, a que «el mayor índice de violencia doméstica, de suicidios y de muertes se da en las familias de la Policía», dijo. «Hay corrupción y lo tenemos que decir, porque si no lo decimos, no la corregimos. La corrupción no es de ahora, viene desde muchísimo tiempo atrás y se combate la corrupción o no tenemos un instrumento adecuado para combatir la delincuencia», sentenció. «Hay una caída de la disciplina y hay una capacitación insuficiente. Tenemos burocracia y manejo deficiente de la información. Hay dificultades para hacer entender la diferencia entre gasto e inversión». Para Bonomi, la «ausencia de una doctrina moderna; falta de confianza de la población y de la Justicia en la Policía; falta de tiempo para la capacitación, un sistema de premios y reconocimientos no actualizados; manejo deficiente de la información y la inteligencia; necesidad de los trabajadores policiales de tener un equilibrio entre la familia y el trabajo incide en que el mayor índice de violencia doméstica, de suicidios y de muertes se da en las familias de la Policía». Bonomi adelantó el programa ministerial que apuntará a retirar el servicio 222. «Se estima llegar a un tope de 80 horas por personal autorizado en el año 2014 ­dijo» y en forma paulatina, las siguientes escalas: Año 2011 – Tope hasta 150 horas. – Año 2012 – Tope hasta 120 horas.- Año 2013- Tope hasta 100 horas.- Año 2014 – Tope hasta 80 horas.- Año 2015 – Tope hasta 50 horas». Para entender esto hay que pensar que hay funcionarios que hacen 200 horas; entonces, al bajar el tope se disminuye la cantidad de horas y no se puede hacer de golpe. «De esta forma estaremos dando cumplimiento a nuestro programa de gobierno», recordó.