Vázquez: Unidad especial combatirá y reprimirá organizaciones criminales

Vázquez participó de un seminario sobre «trata de personas» desarrollado en el Hotel NH Columbia, junto con autoridades y representantes del Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el fiscal de Corte, Rafael Ubiría.

El secretario de Estado anunció que este año el gobierno creará una unidad especializada en Crimen Organizado, uno de cuyos cometidos será el combate a la trata de personas, en el entendido de que Uruguay dejó de ser «un país de tránsito», para transformarse en centro de origen y destino de personas explotadas sexual, comercial o laboralmente.

En este sentido, el fiscal de Corte señaló que un informe elaborado por la OIM en 2008 determina que Uruguay integra la lista de países con mayor desarrollo de esta modalidad delictiva en los últimos años.

«Uruguay ha sido catalogado como un país de fuente y de tránsito de trata de hombres, mujeres y menores con el fin de explotación sexual, comercial y trabajo forzado.

Se ha informado en esa oportunidad que la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas y niños que son objeto de trata desde dentro del país hacia zonas fronterizas y de turismo para explotación sexual», afirmó Ubiría.

Los principales destinos internos serían Colonia, Paysandú y Maldonado, en particular durante la temporada de verano.

En tanto, la fiscal adjunta especializada en Crimen Organizado, Adriana Di Giovanni señaló que la trata de personas en Uruguay «existe», pero en forma «silenciosa».

La representante del Ministerio Público indicó que los grupos de crimen organizado muchas veces actúan con «complicidad» de los padres: las jóvenes reciben ayuda económica y posteriormente son enviadas principalmente a Europa, dijo la fiscal, según radio El Espectador.

El delito de «trata de personas» fue sancionado en enero de 2008 con la aprobación de la Ley Nº 18.250, «Ley de Delito de Trata de Personas», por la cual se establecieron penas de 4 a 16 años de penitenciaría para los responsables de estas actividades.

En este sentido, el pasado 24 de marzo de 2009 la entonces jueza letrada de Ciudad de la Costa (hoy jueza Penal de 7º Turno), Mariana Mota, dispuso los primeros procesamientos en base al artículo 78 de la norma. La resolución fue adoptada en el marco de la denominada «Operación Monroe», mediante la cual se desarticuló una organización dedicada al tráfico de drogas y el reclutamiento de mujeres para ser enviadas a Europa ­principalmente España­ para ejercer la prostitución.

El procesamiento por «trata de personas» fue dispuesto a pedido del fiscal Gilberto Rodríguez.