El gobierno creará un nuevo  estatuto del "servidor público"

El presidente de la República, José Mujica, decidió suspender las reuniones de los gabinetes sectoriales de ayer y convocar al Consejo de Ministros con el cometido de analizar la reforma del Estado que impulsará el gobierno en una primera instancia a través del Presupuesto Nacional y con posterioridad con la aprobación de diversas normas legales (incluso aquellas que requieran de mayorías especiales), descartándose una eventual reforma constitucional.

Mujica expresó ayer ante los ministros su firme voluntad política de impulsar una decidida reforma del Estado la cual abarcará cuatro aspectos específicos: los temas vinculados a los recursos humanos, diversas modificaciones institucionales que la reforma traerá aparejados, el cambio de modelo de gestión, y la incorporación de nueva tecnología.

El inicio del debate sobre la reforma del Estado por parte del gobierno ayer se centró en el análisis de los recursos humanos y en particular se analizaron tres ejes: la elaboración de un nuevo estatuto del «servidor público» ya que la intención es cambiar el concepto tradicional de funcionario público, la simplificación de los vínculos laborales de los servidores públicos con el Estado, y el diseño de un estatuto especial para los denominados cargos políticos y de particular confianza, cuyo objetivo es profundizar la transparencia en la adjudicación de estos cargos y en el desarrollo de sus funciones.

Precisamente el concepto de «servidor público» busca involucrar más al funcionario con la tarea.

En cuanto a la simplificación de los vínculos entre funcionarios y Estado, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, dijo ayer a la prensa que la normativa que prohíbe el ingreso de nuevos trabajadores al sector público «propició el inicio de una serie de vinculaciones que dejaron sin efecto esa veda, pero fueron generadoras de nuevos vínculos laborales que ilustran un plantilla caótica, discriminatoria, contradictoria e ineficiente en la mayoría de los casos».

Agregó que una parte fundamental de la Reforma, en el capítulo referente a los Recursos Humanos apunta a la «simplificación, consistencia y coherencia» de situaciones irregulares, lo que redundará en las retribuciones.

Con respecto a la creación de un Estatuto que legitime los cargos políticos y de particular confianza, Astori subrayó que se trata de un documento que otorgará «tranquilidad y transparencia en la operativa de este tipo de relación laboral».

El jerarca subrayó que el nombre del cargo revela la relación directa entre la adjudicación y la confianza política del designado. «Lo que está en discusión es cómo se procede en esos casos y cómo será la relación entre quien designa y quien es designado y cómo se cesa en este tipo de funciones».

Según Astori, lo que prevalece en este tipo de nombramientos «no es la solvencia técnica o trayectoria profesional sino la confianza política», por lo que estas definiciones estarán explicitadas en ese nuevo estatuto.

Asimismo, el gobierno reiteró la voluntad política de diseñar una «ventanilla única» de ingreso al Estado a partir de 2011 y se expresó disposición a compartir y escuchar los diferentes planteos que tengan para realizar los sindicatos y trabajadores del sector público.

Por otro lado, la inamovilidad y la movilidad de los funcionarios estarán presentes en la discusión.

Astori dijo que la reforma del Estado va en la dirección de unificar las retribuciones salariales en torno a la similitud de tareas u obligaciones inherentes a los cargos. A la vez, el jerarca definió al Estado como el «escudo de la Nación» que tendrá como fin plasmar los grandes objetivos que debe cumplir el Estado en relación con todos los integrantes de la sociedad.

«El fin es que cumpla sus funciones, de manera adecuada a lo que los ciudadanos esperan de él», dijo el jerarca y añadió que se trata de una aspiración muy ambiciosa que se logrará a partir de un extenso proceso.

Según datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil relativos a junio de 2009, el Estado Uruguayo contaba con algo más de 240.000 funcionarios presupuestados y 14.500 relaciones laborales tales como becarios, pasantes, arrendamientos de obra y contratos a término.

La elaboración de los aspectos generales de la reforma estatal está a cargo de la Prosecretaría de la Presidencia y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En virtud de que ayer se logró una primera aproximación al análisis y debate de la iniciativa, el jefe de Estado convocó para una nueva reunión de ministros, con carácter extraordinario, para el próximo viernes.