Filmación de los reclusos prueba que no hubo demora

Uno de los presos de la cárcel de Rocha que se salvaron de morir junto a sus compañeros reconoció ante el diputado de Rocha Aníbal Pereira (MPP) que la guardia no tuvo mala intención con ellos. Así también se lo expresó al comisionado parlamentario Alvaro Garcé.

El diputado Aníbal Pereira relató a LA REPUBLICA el encuentro con el recluso quemado, quien a pesar de su estado emocional recordaba haberse encontrado ocasionalmente con el legislador tiempo atrás en la Fortaleza de Santa Teresa. Interrogado sobre la verdad de los hechos, el recluso, que era el que se encontraba mejor entre los sobrevivientes, fue claro en reconocer que la guardia no tuvo la intención de dejarlos morir ni mucho menos, ya que fue la misma guardia la que les avisó que había llamas cuando estaban durmiendo.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a LA REPUBLICA que la propia filmación tomada por un celular en manos de los presos de la cárcel de Rocha demuestra que no hubo demora en abrir la puerta de la celda. El video exhibido por Canal 10 tiene 3.43 minutos de duración y al minuto y un segundo se ven las imágenes de presos saliendo de la celda. Exactamente a los 2.26 minutos los propios presos que filmaron el video comentan en la grabación que «ya salieron». Los gritos que se oyen en el video son de los presos que estaban filmando. Bonomi informó a LA REPUBLICA que las propias imágenes muestran un fondo rojo y la llama amarilla, lo que demuestra que la puerta de la celda ya estaba abierta. El ministro agregó que la parte interior de la puerta de la celda quedó completamente intacta y mantiene toda su pintura celeste, lo que prueba que no llegó a ser alcanzada por el fuego porque estaba abierta. En tanto, todo el resto de lo que había en el pabellón fue completamente incinerado por las llamas; hasta los marcos de las ventanas, los colchones, las camas, todo se quemó, menos la puerta porque fue abierta enseguida antes de que la alcanzaran las llamas.

Del total de 16 detenidos recluidos en el pabellón incendiado, ocho se mojaron y lograron atravesar las llamas para salir en cuanto la puerta fue abierta. Otros ocho reclusos se metieron en el baño para mojarse pero no se animaron a salir y murieron asfixiados por el humo, mientras cuatro ni siquiera lograron llegar al baño y murieron incinerados.

El llavero de la cárcel de Rocha desmintió de manera tajante que haya recibido orden de no abrir la puerta. Muy por el contrario, la apertura dice haberla hecho apenas llegó y si hubiera recibido órdenes en contrario ­afirma­, las hubiera desobedecido.

Los bomberos manejan hasta ahora dos tesis en cuanto al origen del siniestro. Una de ellas es la de un cortocircuito como origen del fuego y la otra es que se produjo un recalentamiento de todos los elementos ígneos en el lugar, de las frazadas, maderas o colchones de polyfom resecos, producido por la cantidad de estufas, y eventualmente luego se haya producido un cortocircuito.

El ministro del Interior reiteró que será la justicia la que determinará finalmente si hubo demoras dentro de lo que se puede dar, pero enfatizó que las denuncias de una tardanza de una hora y media constituyen un disparate. Incluso rechazó la versión que él mismo escuchó entre los presos de la celda de enfrente a la siniestrada, sobre una demora de 20 minutos. «Eso tampoco es posible, como lo prueba el video que ellos mismos tomaron», dijo.

Bonomi reiteró que la extensión del fuego se produjo rápidamente y que las muertes se produjeron no por fuego directo sino por asfixia, porque el propio fuego consumió el oxígeno.

 

Ley de Emergencia Carcelaria

El Partido Nacional pretende convocar al ministro Eduardo Bonomi para que informe al Poder Legislativo sobre los hechos de Rocha. Se trata de dos llamados a sala por parte del diputado Gustavo Borsari, en la Cámara de Representantes, y del senador Carlos Moreira en el Senado. Los blancos pedirán «planes concretos» a pesar de haber acordado con el oficialismo un documento de treinta carillas elaborado en la comisión interpartidaria de Seguridad.

El 26 de mayo ingresó en el Parlamento el proyecto de Ley de Emergencia Carcelaria, que debería permitir destinar casi $ 300 millones (U$S 15 millones) a la construcción, refacción o alquiler de centros de reclusión, sin necesidad de esperar a la Ley de Presupuesto. Estos montos corren por cuenta de Rentas Generales y el Poder Ejecutivo remitirá el volumen definitivo de los gastos en la Rendición de Cuentas.

El proyecto fue analizado por la Cámara de Senadores el martes 6 de julio y se esperaba que terminara siendo aprobado este jueves.

A pesar del acuerdo interpartidario en torno a proyecto de Ley, los colorados plantearon diferencias en algunos artículos que luego fueron dejadas de lado y uno de los ahora convocantes del ministro Bonomi, por el Partido Nacional, el diputado Gustavo Borsari, consideró necesaria la presencia del secretario de Estado el 2 de junio en el Parlamento. Bonomi se hizo presente a los 40 minutos de haber sido convocado.

El dinero solicitado tendrá como prioridad las obras de construcción y refacción, los «gastos derivados del realojamiento de los reclusos, así como los destinados a su alimentación, cobertura de necesidades básicas, higiene y salud». Además se prevé con carácter extraordinario y hasta el 31 de diciembre de 2012, el alojamiento de presos en instalaciones militares y la creación de hasta 1.500 cargos en la Dirección Nacional de Cárceles del Ministerio del Interior. El proyecto expresa que la situación carcelaria actual conspira contra la protección de la seguridad interior de toda la ciudadanía sin descuidar otros principios de superior jerarquía, como aquellos vinculados a la protección de la dignidad humana. Se señala que «el deterioro edilicio que presentan los centros penitenciarios con el colapso total del sistema eléctrico y sanitario de alguno de ellos, el hacinamiento generalizado de reclusos, el desbordamiento de la capacidad material de los recursos humanos disponibles para la custodia del número de internos alojados en las cárceles, conllevan a un agravamiento constante de las condiciones de vida de los internos y del personal policial encargado de su custodia».

La exposición de motivos del proyecto reconoce que el sistema carcelario atraviesa una «situación de riesgo y especial vulnerabilidad» y que la emergencia carcelaria en nuestro país es de «vieja data». Se recuerda que se ha procurado encontrar paliativos a estos problemas a través de la Ley de Seguridad Ciudadana (1995) y la Ley de Humanización del Sistema Carcelario (2005).

El Poder Ejecutivo destaca la necesidad de adoptar «medidas de urgencia» y destaca que ellas deben estar «ajustadas y ser proporcionales a la difícil situación que se relata, y respecto de lo cual se ha contado con la decidida comprensión de todas las fuerzas políticas y sociales».

Mujica se refirió a este tema el miércoles 7 en su audición radial «Habla el Presidente». Dijo que actualmente no se puede «ni siquiera intentar parcialmente» llevar adelante políticas de recuperación de los reclusos, porque «estamos obligados a tener entreveradas todas las categorías de presos y donde prácticamente buena parte de nuestras cárceles se ha transformado en un lugar donde se tiene gente amontonada».

«Por eso cualquier política empieza por mejorar la capacidad locativa, aunque es claro que eso no soluciona los problemas de fondo, globalmente, pero no pueden plantearse otras salidas si no empezamos por mejorar esa situación», sostuvo.

«Después tendrá que venir una política de calificación, tendrá que venir una política de no hacer cárceles gigantescas, sino categorizadas, con una escala manejable, y dentro de las cuales puede haber políticas que contribuyan, junto a salidas de derecho, al manejo de las distintas categorías de presos. Una cosa son los primarios y otra cosa los profesionales del delito y hay que tener en cuenta también las circunstancias
sociales, cuestiones como la droga, etcétera, etcétera», indicó. El lunes 5, en el Consejo de Ministros, Eduardo Bonomi se refirió al documento de treinta carillas que elaboró la comisión interpartidaria de Seguridad.

El ministro aseguró que el contenido programático de la iniciativa tendrá una vigencia superior a veinte años y estará por encima de ideologías partidarias. En ese marco es que el gobierno pretende incluir en el proyecto sobre seguridad carcelaria la necesidad de que efectivos militares custodien el área perimetral y las puertas de acceso a las cárceles, para lo cual se establecería una compensación salarial de un 50%.

La situación carcelaria también fue motivo de análisis de la bancada de legisladores del Frente Amplio el mismo lunes por la tarde.