SCJ propone extender a todo el país el plan de libertad asistida

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) pidió al Parlamento incorporar oficialmente en la legislación a la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida para reclusos, como forma de generalizar en todos los juzgados penales un plan piloto que el año pasado arrojó «excelentes resultados».

El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, y el ministro Jorge Ruibal Pino estuvieron en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados, para brindar su opinión acerca de las penas y medidas alternativas a la reclusión incluidas en un proyecto que modifica artículos de la Ley Nº17.726 del año 2003.

Ruibal Pino recordó que en los primeros meses del año pasado, el Ministerio del Interior firmó un convenio con el Poder Judicial para desarrollar un plan piloto con alrededor de 30 reclusos, relativo a trabajo comunitario y libertad asistida.

En ese convenio intervinieron, en un principio, el Poder Judicial por intermedio de una comisión de jueces penales y ministros de Tribunales, así como especialistas del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) y del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

«Ese plan piloto se desarrolló durante todo el año 2009 con excelentes resultados, con muy pequeños logros en lo proyectable hacia todos los que están recluidos, pero con excelentes resultados», enfatizó Ruibal, según consta en la versión taquigráfica.

«Entre 24 y 30 reclusos salvaron su reclusión con un trabajo coordinado, asistido, vigilado y determinado por el juez, conjuntamente con el Patronato de Encarcelados y Liberados y con el Centro Nacional de Rehabilitación», comentó.

«En este momento este plan piloto está pronto para que se generalice en todos los juzgados penales, en principio en Montevideo y, luego, en el interior», señaló el ministro.

Ruibal dijo que en conjunto con el director nacional de Cárceles, inspector Zaugg, el año pasado se hizo una prueba con oficiales de policía que habían participado en la experiencia de libertad asistida, lo que luego derivó en la creación de lo que hoy se denomina Oficina de Supervisión de Libertad Asistida.

Esta repartición tuvo al principio cuestionamientos a su forma jurídica, pero en la actualidad cuenta con un decreto del Poder Ejecutivo que formaliza su creación. Ruibal dijo que esa dificultad inicial provocó que en su momento no se pudiera instrumentar y «los jueces no tenían forma legal de vincularse con esa oficina».

«La propuesta de la Suprema Corte de Justicia, que creo será apoyada por el Ministerio del Interior, es incluir a esta Oficina de Supervisión de Libertad Asistida en el texto del proyecto de ley, dedicándole un artículo para su creación», propuso Ruibal en la comisión.

De esta forma, «le daríamos ingreso oficial a esta oficina en nuestra legislación penal, para que los jueces puedan vincularse jurídicamente en forma positiva con ella y seguir adelante con este plan que en principio era piloto y ahora puede ser generalizado», sostuvo el jerarca.