Hackenbruch enjuicia a un militante social

La acción emprendida por Hackenbruch se originó tras la publicación en LA REPUBLICA, el pasado sábado 20 de enero, de las declaraciones formuladas por Zanetti durante una asamblea vecinal realizada en Ciudad de la Costa por el movimiento social que se opone a la aplicación de los reaforos en dicha zona.

En esa reunión, el vecino de El Pinar sostuvo que la Intersocial de ese balneario convocaba a la «rebeldía tributaria». «No hay que pagarle al intendente en la medida que no contemple los reaforos en forma conjunta con las organizaciones sociales», dijo, y agregó: «No tenemos otra alternativa que plantear medidas movilizadoras y confrontadoras; este intendente y la mafia que lo rodea tiene muchos negocios en la Costa de Oro».

Algunos días después, Hackenbruch anunció en una rueda de prensa que llevaría a Zanetti a los estrados judiciales a raíz de sus comentarios. Según explicó a este matutino el asesor legal del municipio, Miguel Collazo, el intendente radicó dos denuncias contra el dirigente vecinal, motivadas en «la instigación pública a no pagar tributos y en la ofensa de su honor y el de sus colaboradores por tratarlos de mafiosos».

El abogado calificó como «grave» la «ofensa al intendente y a la administración», al ser llamados mafiosos. En tal sentido, indicó que Hackenbruch le solicitó a la sección jurídica de la comuna que «extracte las investigaciones administrativas ordenadas durante sus mandatos», lo que demostraría que la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) «siempre puso todas sus fuerzas para aclarar las cosas».

 

«Inadmisible acusación»

En un comunicado de prensa emitido en las últimas horas por la Dirección General de Prensa y Difusión de la comuna se señala que Zanetti habría incurrido en los delitos de «instigación pública a no pagar tributos, objeto de la previsión de los artículos pertinentes del capítulo de Derecho Penal Tributario y, fundamentalmente, los delitos de difamación, conjuntamente con injurias, en tanto en dicho artículo se destrata públicamente y acusa de mafiosos y de tener ‘negocios’ al intendente y sus colaboradores». «Esta inadmisible acusación destrata la figura pública del intendente, su honor y trayectoria, así como la de su familia y sus colaboradores», indica el ejecutivo canario y destaca: «Igualmente, se menoscaba y lesiona la imagen de la institución Intendencia Municipal al crear no sólo un perjuicio directo e inmediato, sino que sienta un precedente de menosprecio a un gobierno departamental absolutamente inadmisible e intolerante».