PCU reclamará reapertura judicial de asesinatos cometidos en la 20ª

Miles de personas recordaron ayer el asesinato de ocho militantes comunistas ocurrida el 17 de abril de 1972.

Con la presencia imprevista del miembro de la Comisión para la Paz Carlos Ramela (representante del gobierno en la misma) y dirigentes de todos los partidos del EP-FA, los oradores del acto (Tabaré Vázquez y Juan Castillo) homenajearon a los comunistas muertos y efectuaron fuertes críticas al gobierno de Jorge Batlle.

El presidente del EP-FA recordó que los 8 mártires de la Seccional 20 del Partido Comunista fueron «cegados por el odio, por el delito de ser frenteamplistas, de ser comunistas, sindicalistas que defendían los derechos de los trabajadores. Ellos cayeron –agregó–, pero no lo hicieron las utopías y los sueños que están aquí presentes».

En el análisis de la conducta de la administración de Batlle, Vázquez señaló la existencia del diálogo entre el EP-FA y el gobierno como un componente novedoso del escenario político. «Pero ha sido simplemente un diálogo de buena vecindad, de respeto mutuo. ¿Cuál es el producto en beneficio del pueblo uruguayo? Profundizar el respeto, los niveles de democracio. Sin embargo, resoluciones concretas sobre problemas concretos no hay. Quizás sí hubo avances tangibles en el tema de los derechos humanos».

Sobre ese asunto, el presidente del EP-FA precisó que fue el punto donde se negoció y acordó con el gobierno. «Vaya si ha sido importante la conformación de la Comisión para la Paz. Se ha puesto en el tapete un tema que estaba escondido, al que los gobiernos anteriores no prestaban atención. Se ha avanzado en el conocimiento de algunas situaciones de desaparecidos (la nieta de Gelman, se supo que quien se pensaba era Simón Riquelo no lo era, se encontraron cuerpos de desaparecidos en Argentina), se conversa con los militares y otros actores».

Vázquez añadió que su fuerza política tiene decidido por su congreso la aplicación del artículo 4º de la Ley de Caducidad. «Ese artículo dice que el Poder Ejecutivo deberá investigar para dar respuesta a los familiares y a toda la sociedad uruguaya. El gobierno lo hace. Lo podría haber hecho a través de su asesoría letrada o de una comisión ad hoc, y hoy lo hace mediante la Comisión para la Paz. Esta llegará a donde pueda llegar, no tiene más mecanismos que el diálogo y la persuasión. No tiene otras herramientas. Si hubiéramos llegado nosotros al gobierno, ¿qué habríamos hecho? ¿Imponerle al Poder Judicial que investigara?, no porque los poderes están separados. ¿A los militares que están implicados, los íbamos, como hicieron ellos, a torturar para que hablaran y declararan? No, íbamos a investigar».

Ante un comentario del público referido a que Tota Quinteros murió sin conocer el destino de su hija, Vázquez respondió que la obligación es no «poner piedras en el camino» y redoblar el esfuerzo «para que no se vayan más familiares sin respuesta».

En el tramo final de su discurso, el líder de la izquierda señaló lo infructuoso del diálogo con el gobierno y la profundización del modelo neoliberal como el eje principal de su acción gubernativa. Para el dirigente, la negativa en el campo económico a toda negociación, visible en la actitud seguida en el trámite de las leyes de urgencia y la ley presupuestal, han hecho, además, que el «Parlamento esté pintado» en la vida nacional.

Vázquez denunció que la política económica ha aumentado la marginación de importantes sectores sociales, la desintegración del tejido social, el desempleo y como salida, el gobierno acentúa las iniciativas desmonopolizadoras y privatizadoras

El presidente del EP-FA señaló que mientras esas políticas caminan, Batlle abre falsas polémicas, crea juegos de artificio y desarrolla la política del tero (pega el grito lejos del nido). «Son cortinas de humo para profundizar el modelo», precisó. Entre ellas nombró los comentarios sobre la homosexualidad, la polémica sobre el laicismo, la acusación de desarraigados y peligrosos a los jóvenes, etcétera. Incluso el tema de contrabando, «donde prometió combatir un flagelo de U$S 2 mil millones de dólares y sólo se conoce la incautación de matutes de U$S 40 mil, 200 mil como máximo.» Vázquez criticó, también, la postura seguida por el gobierno en política internacional. Sobre ella, especialmente en lo referido a las actitudes en materia de integracion económica, «donde se abandona toda política de Estado y se asume una conducta errática.» Finalmente, el líder de la izquierda cuestionó el voto uruguayo favorable a la condena a Cuba promovida por Estados Unidos, cuando se abstuvo «frente a la poderosa China».

 

Investigación

El dirigente comunista Juan Castillo cerró el acto con una oratoria en la que recordó a los mártires de la seccional 20 y precisó las líneas de acción del PCU para el próximo período. Castillo señaló como uno de los componentes de la situación que desembocó en la muerte de los militantes comunistas la acción de los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry, que «cumplieron los mandados del imperialismo yanqui».

Durante su alocución, dio lugar a la intervención de la responsable de la Comisión de Derechos Humanos del PCU, quien anunció la intención de solicitar la reapertura de la investigación de los hechos que terminaron con la muerte de los 8 militantes comunistas y de un capitán del Ejército.

Asimismo se dio a conocer un listado de personalidades del quehacer nacional que apoyan la reapertura de la investigación, en la medida que los acontecimientos del 17 de abril de 1972 no están comtemplados por la Ley de Caducidad. Entre los firmantes figuran, entre otros, el obispo de San José, Pablo Galimberti; los senadores Carlos Julio Pereyra y Rafael Michelini; el doctor Federico Fasano Mertens y los escritores Hugo Achugar y Carlos Liscano.

Más adelante, Castillo se refirió a las afirmaciones de integrantes del Centro Militar que alertaron ante la posibilidad de un rebrote de la guerrilla y acusaron al Partido Comunista. «Nadie, salvo una minoría corrupta de gente que tenga objetivos fascistas en este país, puede desear que la República entre en un ciclo ininterrumpido de sangre. Como partido de la clase obrera, no amamos la violencia y deseamos el camino menos doloroso para la paz del pueblo.

La única verdad de la paz es la verdad de la justicia». El dirigente cuestionó además la decisión de Uruguay de votar contra Cuba por la situación de los derechos humanos en ese país. «¿Tiene el gobierno autoridad moral y ética para condenar a otro en un tema que en el suyo propio no lo tiene resuelto?», se preguntó.

Para Castillo ese voto «fue una transacción comercial, (en la) que hubo algunas promesas a cambio de seguirle el tren a las pretensiones imperialistas».