"Persecución" al EP en Maldonado

Maldonado

 

Hace 15 días, antes de partir hacia Miami donde está de vacaciones, el intendente de Maldonado Enrique Antía firmó una nota dirigida a la Junta Departamental alertando sobre la posible violación del artículo 291 de la Constitución por parte de un edil titular y uno suplente. Pero la historia recompuesta ayer por LA REPUBLICA revela la posibilidad de que se trate de un caso de persecución política y todo apunta como promotor al secretario general municipal, José Luis Real.

La Constitución prohíbe a los ediles «intervenir como directores o administradores de empresas que contraten con el gobierno departamental, o con cualquier otro órgano que tenga relación con el mismo; y tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el gobierno departamental». El informe en que se basó el jefe comunal fue elaborado por el asesor jurídico municipal, John Miller, «de acuerdo a lo solicitado oportunamente», según consta en la nota 3/00, remitida con copia al secretario general.

La información contenida en la carta, dirigida al presidente de la Junta Departamental, Daniel Lois, habría sido revelada a algunos periodistas por un jerarca municipal que participó de la inauguración de la nueva sede de Uragua SA en la noche del martes, ya que el propio Lois confirmó a varios ediles que «la nota aún no había ingresado al legislativo».

La nota no revela ningún nombre, pero ayer la emisora FM Gente dijo que la acusación estaba dirigida contra Gastón Pereira, coordinador de la bancada del Encuentro Progresista. En filas de la izquierda la carta cayó como una declaración de guerra. El edil Ruben Toledo (Cabildo 2000-EP) dijo que «estaba en conocimiento de que en la Intendencia se estaban haciendo fichas sobre determinados ediles que son molestos al gobierno. Tal vez sea un resabio de la dictadura, ellos saben de eso porque allí todavía hay unos cuantos que sirvieron a la dictadura».

LA REPUBLICA habló con el edil Pereira, quien dijo que «si me acusan a mí es absolutamente ridículo. Como todo el mundo sabe soy agrimensor y firmo planos. Hasta ahí se limita el trabajo con mis clientes. Nunca hice ningún trámite ante la Intendencia. No soy tan tonto como para hacer lo mismo que he denunciado. Vivo de mi trabajo, yo no vengo a coimear a la Junta y para algún jerarca que gana 6.000 dólares por mes, parece ser extremadamente fácil meterse con la vida privada de otras personas. Eso es de una vileza incalificable y se lo hice notar al señor intendente». Pero la historia tiene otros ribetes que podrían incluso motivar un llamado a sala al jefe comunal según lo afirmó ayer el edil Toledo.

Gastón Pereira era integrante del Partido Nacional, organización que abandonó junto a Rodolfo Nin Novoa para integrarse al EP. Es el único edil en la historia de Maldonado que ocupó durante tres años consecutivos la presidencia de la Junta, cuando aún integraba filas blancas. Ha sido un severo crítico de las tres gestiones nacionalistas y en octubre pasado fue uno de los firmantes de la denuncia penal contra el ex intendente Camilo Tortorella y el actual secretario general municipal, José Luis Real, por una irregular exoneración impositiva al Hotel Conrad.

Hace aproximadamente un mes varios clientes del profesional le expresaron su preocupación porque se habían percatado de que sus trámites estaban misteriosamente enlentecidos en dependencias municipales. Pereira concurrió entonces a la Intendencia para hablar con Antía y saber por qué razones estaba ocurriendo eso. Fue así que se encontró con una primera sorpresa. El intendente le dijo que «se trataba de una decisión de Real, que estaba muy molesto con la denuncia penal que le habían realizado». Pereira lo informó a otros ediles de su bancada.