JUDICIALES SE DECLARAN EN CONFLICTO

La Asamblea General de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) se declaró en «conflicto» y anunció la adopción de diversas medidas de lucha en reclamo de «un ámbito de negociación real» con la Suprema Corte de Justicia en reclamo de una profundización de la reestructura impulsada en 2005 y un aumento salarial diferencial para los escalafones de administrativos.

La resolución adoptada por amplia mayoría incluye un paro nacional parcial de 2 horas para el próximo miércoles 23 de junio (a partir de las 15 horas) con concentración frente a la SCJ, donde el Consejo Ejecutivo de AFJU entregará al presidente de la Corporación, Jorge Chediak, una nota con el reclamo.

En este sentido, AFJU reclamará contemplar en el mensaje presupuestario del Poder Judicial los salarios más bajos y la eliminación de las inequidades salariales por medio de la profundización de la reestructura, así como impulsar los ámbitos de Negociación Colectiva en el marco de la Ley Nº 18.508.

El gremio de funcionarios se opone a la decisión de la SCJ de priorizar una mejora en los salarios de los escalafones 2 y 7 (técnicos y defensores de oficio), quienes según el ministro Chediak fueron postergados en los pasados cinco años, donde se priorizó la carrera funcional administrativa.

Sin embargo, AFJU rebatió los argumentos planteados por la SCJ mediante la confección de dos cuadros comparativos sobre las retribuciones en distintas áreas del Poder Judicial. En este sentido, el comunicado afirma que los ministros de la SCJ tuvieron un aumento de $55.707 pesos en los últimos cinco años ($69.532 en 2005 y $125.239 en 2010) mientras los defensores públicos de la capital obtuvieron un aumento de $16.916 en el mismo período ($33.113 en 2005 y $50.029 en 2010). En tanto, un auxiliar I obtuvo un aumento de $7.180 ($15.588 en 2010) y los administrativos IV de $6.902 ($14.608 en 2010). «Estos son los que la Suprema Corte de Justicia dice que privilegió en el presupuesto pasado», se pregunta el gremio. El Consejo Ejecutivo está facultado para adoptar «medidas urgentes» en función del avance de las negociaciones.