Piqueteros plantean tregua de dos meses condicionada

La Asamblea de Gualeguaychú se declaró en cuarto intermedio hasta mañana, cuando volverá a discutir en una asamblea ampliada la decisión de levantar el corte por dos meses a cambio de que Uruguay acepte el monitoreo conjunto con Argentina (realizado por técnicos y científicos) de la planta de celulosa UPM.

Cuando se conoció la propuesta por parte de Argentina, antes de que se realizara la cumbre de presidentes en Anchorena el 2 de junio, el canciller Luis Almagro dijo que se evaluaría «como propuesta negociadora», aunque aclaró que ello no quería decir que quedara así ni que se modificaría. Aclaró que se trataba de una propuesta de negociación.

El jerarca añadió que Uruguay se ceñirá al fallo de la Corte de La Haya, es decir a la zona que establece para el monitoreo, porque existe una institucionalidad, un estatuto y el fallo de la Corte.

En tanto, destacadas fuentes gubernamentales consideran que Mujica tiene interés en la liberación del corte y que se lleve adelante en forma pacífica y amistosa entre los pueblos.

Ayer, cerca de las once de la mañana y según informaron diferentes medios de prensa nacionales y extranjeros, el jefe del Escuadrón Gualeguaychú de Gendarmería Nacional, comandante Carlos Arias, leyó a los asambleístas presentes en el corte de Arroyo Verde la notificación del juzgado federal de Concepción del Uruguay.

Dicha acción fue realizada luego de que el decreto 828/2010 que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el viernes pasado fuera publicado ayer lunes por el Boletín Oficial del país vecino.

El levantamiento del corte sería finalmente anunciado mañana miércoles si la asamblea vota la moción de levantarlo por dos meses a cambio de la aceptación del monitoreo en el interior de UPM.

Uno de los abogados de los asambleístas, la doctora Ana Angelini, confirmó a la radio Millenium de Argentina que en la asamblea del miércoles se elevará la moción de «levantar el corte de ruta por dos meses para ver si Uruguay está dispuesto a monitorear la planta».

La asamblea votará en forma general y abierta la propuesta del levantamiento del corte del Puente Internacional General San Martín con la condición de que el gobierno exija el análisis en el interior de la planta de pulpa de celulosa.

Pero esa no será la única postura a resolver ya que también se elevarán otras mociones, entre las que se encuentra la de que todos los adherentes a la asamblea se imputen los 18 delitos de la causa penal anunciada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Esta iniciativa fue propuesta por Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente del gobierno argentino, y radica en que cientos o miles de vecinos podrían convertirse en acusados por defender el medio ambiente, y no sólo una decena de los dirigentes de la asamblea, como pretende el gobierno, informó el diario argentino «La Nación».

Fuentes gubernamentales consultadas por LA REPUBLICA acerca de esta posición de la Asamblea de Gualeguaychú expresaron que es «poco probable» que se acepte un monitoreo conjunto dentro de UPM. Sin embargo, consideran que sí es posible estudiar otras alternativas.

Los informantes indicaron que existe todo un campo a explorar, sin llegar a compartir la territorialidad del monitoreo, como por ejemplo la posibilidad de «brindar y compartir información sobre el funcionamiento de la planta» y «compartir diversos protocolos, por ejemplo de protección ambiental».

 

EL DECRETO

Ayer lunes fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el decreto número 828/2010, donde consta la denuncia contra los asambleístas de Gualeguaychú por el corte de ruta.

Se trata de la causa Nº 57.839. El decreto ratifica la presentación del procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, como querellante en la causa contra los asambleístas de Gualeguaychú, que cortan desde hace más de tres años la ruta que conecta con la localidad uruguaya de Fray Bentos. La causa está caratulada «Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional comunica corte de ruta» (Expediente Nº 56.200) y se encuentra «en trámite» ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel (juez subrogante).

Afirma que el corte que los asambleístas realizan desde noviembre de 2006 en la Ruta 136 involucra ilícitos referentes a «homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito».