Pretenden que escuche "las razones" del bloqueo al Uruguay

Piqueteros quieren hablar con el juez

Los vecinos de Gualeguaychú consideraron necesario mantener un diálogo con el juez federal Gustavo Pimentel, ante quien el gobierno nacional presentará su denuncia contra el corte que mantienen de la Ruta 136, que une las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos, en Uruguay en repudio a la instalación de la papelera finlandesa en la orilla del río Uruguay, según informó ayer el matutino argentino «Página 12″.

«Sería conveniente que (Pimentel) se diera una oportunidad de escucharnos, entendernos y comprendernos; de evaluar circunstancias que van más allá de las formalidades de un Código Penal o de un Código de Procedimiento», consideró el abogado Osvaldo Fernández. Fernández remarcó que «existe una causa social y ambiental que es el origen de todo este tema, que no va a tener resolución en el ámbito de la Justicia sino que sustancialmente debe resolverse en el marco de los poderes políticos tanto de Argentina como del Uruguay». También se mostró a favor del diálogo con el magistrado uno de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Oscar Bargas, «para que al menos escuche las razones de la Asamblea de Gualeguaychú». Se espera que esta semana el gobierno nacional formalice la denuncia contra los manifestantes que permanecen cortando la Ruta internacional 136, y se presente como querellante en la causa. «Una vez que tengamos mayores precisiones sobre la denuncia, veremos cómo seguimos», dijo Bargas, quien remarcó que «el tema, como siempre, será analizado en la Asamblea». La presidenta argentina, Cristina Fernández, firmó el viernes un decreto para habilitar al procurador del Tesoro a denunciar penalmente a los ecologistas que desde noviembre de 2006 bloquean un paso fronterizo con Uruguay en protesta por la instalación de una papelera en ese país. El ministro de Justicia argentino, Julio Alak, dijo que se trata de un trámite formal que habilitará al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a presentarse como querellante en la causa por el corte que habitantes de la ciudad argentina de Gualeguaychú realizan en el acceso al puente que conduce a la localidad uruguaya de Fray Bentos. Da Rocha había presentado el miércoles pasado una denuncia penal pero el juez Gustavo Pimentel reclamó un decreto presidencial para admitir el expediente.

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