EL GOBIERNO URUGUAYO  OPTO POR EL "SILENCIO"

El gobierno uruguayo optó por el silencio oficial como la mejor estrategia ante la decisión de un juez federal argentino de determinar que debe garantizarse el «libre tránsito» en el puente que une las localidades de Gualeguaychú y Fray Bentos. El juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, emitió el pasado martes un fallo que ordena al gobierno argentino a cumplir con decisiones judiciales de 2006 y 2007 y libere la Ruta 136, bloqueada desde 2006 por asambleístas de Gualeguaychú que se oponen a la instalación de Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos. La determinación judicial tuvo una inmediata respuesta de parte de los asambleístas quienes aseguraron que resistirán en forma «pacífica» cualquier intento de desalojo. En tanto, en la jornada de ayer, el jefe de gabinete argentino, Aníbal Fernández, dijo en conferencia de prensa que el fallo de la Justicia no es lo suficientemente contundente por lo que no se liberará el paso General San Martín, pero sí se entablará juicio penal y civil a los líderes piqueteros (ver nota aparte). La decisión judicial argentina ha sido tomada con suma cautela por parte del gobierno uruguayo el cual ha optado por el silencio como mejor estrategia. Prefieren no realizar mayores comentarios para evitar cualquier elemento «distorsionante» porque la solución del bloqueo es un tema de suma importancia para el Uruguay. Si bien se entiende que Uruguay ha dado «pequeños y cuidadosos pasos» para que la situación llegue a buen puerto, no obstante, prefieren no emitir mayores comentarios para no «dificultar una resolución» del piquete y menos aún la relación entre ambas naciones. Sin embargo, fuentes gubernamentales expresaron a LA REPUBLICA que se considera que la decisión de la Justicia argentina «es un paso muy positivo», y que ello inicia un nuevo camino. A la vez se estima que la reciente reunión del pasado miércoles 2, entre los presidentes José Mujica y Cristina Fernández en Anchorena fue «muy importante en sí misma y tiene que tener algún tipo de consecuencias para que cuando dentro de 60 días vuelvan a encontrarse los presidentes tengan sobre la mesa resultados concretos». Después de seis años de cortes ininterrumpidos de los diferentes puentes, desde el gobierno uruguayo se asegura que ahora comienzan a darse las condiciones para una negociación política. Por otro lado, los informantes consideran que el gobierno argentino, con la determinación de iniciar juicio penal y civil a los piqueteros, está «buscando la salida menos complicada para ellos» ­ya que el desalojo por la fuerza sería perjudicial­ pero a la vez se trata de una «solución beneficiosa para las partes». «Esperamos que se cumpla el precepto referido a garantizar la libre circulación de bienes y servicios», remarcaron las fuentes oficiales consultadas.